El
pasado miércoles se encontró en la zona de Barranco Amarillo, en las
afueras de Punta Arenas, el malogrado cuerpo de Samuel Florentino
Gutiérrez, ciudadano argentino que estaba bajo libertad condicional, y
que perdió la vida por causas que aún se desconocen.
El transandino
había recibido una pena de 20 años, y luego de diez cumplidos recibió el
mencionado beneficio. El problema radica en que, al haber llegado como
indocumentado a nuestro país, no contaba con carnet de identidad,
requisito básico, para poder encontrar trabajo, uno de los pilares de la
ley 321, que regula la libertad condicional.
Es
por esta razón que se comenzaron a alzar voces críticas en relación a
las falencias que se encuentran en esta ley, que data del año 1925.
Situación que, a los ojos de Enrich Vargas, secretario nacional de la
Asociación de Funcionarios Civiles de Gendarmería (Afucig), aportó en
cierta forma en el fallecimiento de esta persona, y que además no se
adecúa a los estándares mínimos que deberían existir en un país que cada
vez recibe más inmigrantes.
“Estos
episodios vienen a ratificar la urgencia de la modificación de este
cuerpo legal. Hemos estado presenciando una serie de noticias, por
ejemplo, lo que pasó con la libertad condicional que se otorgó a los
reos de Punta Peuco. Se generó un revuelo, pero a los libertos
condicionales se les está otorgando este beneficio en dos períodos al
año. No solo son ellos, no solo son chilenos, también hay extranjeros”,
señaló.
“En
esa situación creo que es importante puntualizar el rol del Estado y el
aparato público. Este ciudadano argentino, que estaba cumpliendo
condena a través del beneficio de la libertad condicional, tenía una
condición de indocumentado.
No podía obtener un carnet de identidad,
para desarrollar algo tan concreto para la subsistencia como trabajar.
Que incluso, la ley 321, los obliga. Hay un reglamento que el Ministerio
del Interior ha establecido, a través de las gobernaciones y el
Registro Civil, que no entrega ningún tipo de documentación.
Esto está
pasando a nivel nacional, y el status quo que se ha generado desde el
Ministerio del Interior y el de Justicia ha generado varios casos con
estas situaciones. Lamentablemente, todavía no sabemos si fue un
suicidio o un homicidio, pero es preocupante que las instituciones vean
estas situaciones como un número más y no como una situación que tiene
que ver con un fenómeno social. No se pueden seguir otorgando beneficios
en condiciones como esta, poniendo en riesgo la condición de las
personas a las cuales se les entrega el beneficio”, enfatizó.
Vargas
además criticó el escaso interés que ha habido al momento de intentar
renovar la ley 321. “Esto es un problema de Estado, no del gobierno de
turno. Acá no se está hablando de que la libertad condicional es un tema
por el tema de los reos de Punta Peuco. Hay un proyecto que está
durmiendo por años. La gente que tiene que hacer la pega, los
parlamentarios, tienen que tener iniciativas concretas en este sentido”,
manifestó.
Cidencia”, manifestó.
Críticas
que alcanzan también a la Universidad de Magallanes (UMAG). Y es que a
juicio de Vargas, esta institución no ha aportado en nada al proceso de
investigación necesaria para evitar políticas públicas erróneas.
“Las
universidades se ocupan a través de investigaciones, pero lo último que
hemos presenciado en los medios es que esta institución funciona de
manera muy precaria, en muchas formas. Tienen una carrera de de Derecho
no acreditada, y no tienen investigación. Si queremos aportar en las
políticas públicas, necesitamos investigaciones serias y no la sensación
de seguridad”, dijo.
“Es
farándula que se distorsiona. No hablamos de intervención. Hablamos de
utilización política de la información. El miedo vende, el miedo gana
elecciones. Esta elección presidencial la ganó, en gran parte, el miedo”, denunció.
Además
hizo una invitación a que más voces se sumen al debate sobre la
actualización de esta ley, manifestando que “esta es una temática de
derechos humanos. ¿Qué pasa con los parlamentarios? ¿Tienen alguna
noción de derecho internacional? Hay gente que tiene que tener una
opinión propositiva en este tema. No sirven las catarsis, no las
explicaciones institucionales”.
Por
último, sobre los reos de Punta Peuco, señaló que “yo no comparto la
decisión de esos jueces, pero ellos tienen un marco jurídico de 1925.
Creo que, de existir otra ley, varios habrían tomado otra decisión. La
gran responsabilidad la tiene el Poder Legislativo”.