Luego
de que el personal de la sección OS-7 de Carabineros lograra dar con el
paradero de dos individuos, uno oriundo de Concepción, Región del Biobío,
y otro de nacionalidad venezolana que se dedicaban a la venta de
sustancias ilícitas en Punta Arenas, durante la jornada de ayer se
realizó por videoconferencia la audiencia de control de detención,
instancia en que el Ministerio Público dio a conocer los antecedentes
que justificaban el arresto de ambos sujetos.
Fue
precisamente el fiscal Manuel Soto quien dio a conocer la acuciosa
labor investigativa que llevaron a cabo por dos meses los efectivos
policiales, luego de una denuncia que daba cuenta que a través de la
aplicación para celulares “Grindr” se estaba comercializando cannabis
sativa en la capital regional. En ese contexto, los policías mediante la
técnica investigativa comenzaron a reunir antecedentes y contactar a
estas personas, quienes hacían estas entregas de sustancias ilícitas en
lugares públicos e inclusive a domicilio.
Fue
así que el 11 de mayo de este año, el imputado identificado como Saulo
Elías Rosillo Meza le vendió en 50 mil pesos a un agente revelador seis
envoltorios que contenían 11.8 gramos, mismo procedimiento que se
repitió la tarde del lunes 1 de junio. El principal contacto llegó
acompañado por Simón Elías Peña Carrasco, que portaba la marihuana, el
que se la vendió al mismo efectivo encubierto, operativo que implicó la
intervención policial y posterior detención de ambos jóvenes en el
frontis de un domicilio del sector centro de la ciudad.
Posteriormente
los efectivos policiales concurrieron hasta el domicilio del venezolano
Rosillo Meza, encontrando más envoltorios de cannabis sativa además de
balanzas digitales, reconociendo el sujeto –según afirmó el fiscal Soto-
su participación en los hechos, argumentando que debido a la situación
económica por la cual estaba pasando se había comenzado a dedicar desde
enero de este año al microtráfico de drogas. En total, se incautó la suma de 27 gramos, además de dinero en efectivo.
Respecto
de estos hechos y sin que el defensor penal licitado Guillermo Ibacache
se opusiera, el magistrado Pablo Miño decretó para ambos acusados la
prohibición de abandonar la Región de Magallanes, medida que regirá por
los próximos 90 días que durará la investigación.