En
un procedimiento abreviado, ayer se condenó a una mujer dueña de una
embarcación, quien aprovechando contacto con personal de la Armada,
vendía matrículas falsificadas para permisos de buzos mariscadores.
El
querellante y abogado procurador Fiscal de Punta Arenas, del Consejo de
Defensa del Estado, Dagoberto Reinuava, señaló que “tenemos una
pretensión de condena de 5 años, respecto de la civil involucrada,
principalmente por lo que significa para la actividad laboral y marítima
el falsificar estas licencias, saltándose los exámenes de rigor que
esto significa, acá hay un tema social, un tema de seguridad marítimo
importante, y nosotros como Estado estamos presentes en esa área, por
lo tanto nos importa el daño en este ilícito”.
El
querellante agregó que “la imputada era contactada por personas que
requerían obtener licencias de buzo mariscador, entregaban un
certificado médico, su número de RUT y con eso se derivaba a esta
persona que ella le denominada ´el marino´, quien luego le hacía entrega
de estas licencias, y ella remitía estas licencias con un servicio a
distancia, porque habían muchas personas de fuera de la región. Esto
previo pago de montos que alcanzaban los 500 mil pesos que se pagaba por
cada licencia, incluso entre ellos un menor de 15 años, quien obtuvo
esta licencia y que también involucra un daño social importante y el
Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público no las tolera y se
actúa en rigor”.
Se indicó que son alrededor de 12 operaciones, y en cada una se cobraba casi medio millón de pesos.
La
imputada ayer fue condenada como autora de los delitos de uso y
falsificación de instrumento público, donde la mujer al aceptar el
procedimiento abreviado arriesga una pena de 3 años de presidio, y por
el delito de soborno, la pena de 541 días, sentencia que se dará a
conocer el próximo lunes 8 de octubre a las 12.15 horas, evitando así la
imputada penas que alcanzaban los 10 años de presidio.
Acusación
De
acuerdo a la acusación del fiscal Sebastián González, y la acusación
particular por parte del Consejo de Defensa del Estado, los hechos se
registraron entre los meses de abril de 2013 y mayo de 2015, en
distintas fechas y lugares de la ciudad de Punta Arenas, en
circunstancias que la acusada Jessica Fernanda Barrientos Vidal, dueña
de la embarcación “Lesly I”, ejerciendo sus labores propias de la
actividad pesquera artesanal en distintas caletas de pescadores,
procedió a ofrecer a distintas personas relacionadas con la actividad
pesquera, la posibilidad de obtener matriculas de buzo mariscador sin
cumplir con los trámites requeridos para ello y sin rendir los exámenes
de habilitación necesarios, a cambio de una suma de dinero variable que
alcanzaban los 550.000 pesos.
Para obtener dichas matrículas, los
interesados en su obtención, eran contactados por la acusada a quien le
entregaban la suma de dinero solicitada por esta, ya sea directamente o a
través de un sistema de depósito de dinero, y le entregaban a la misma,
documentación que consistía, por lo general, en una fotografía, un
certificado médico de salud compatible y un extracto de filiación y
antecedentes.
Luego
de esto, la mujer, que previamente ya se había concertado con el
funcionario público de la Armada de Chile que desempeñaba en la ciudad
de Punta Arenas el cargo de las labores de otorgamiento de matrículas de
buzo, Carlos
Isaías Cabello Bosne, actualmente procesado por estos mismos hechos en
sede militar, se contactaba con este último, quien procedía a cambio de
dinero a generar una matrícula de buzo mariscador a nombre del
respectivo interesado que Barrientos Vidal le señalaba.
A
través de este modus operandi, entre los meses de abril de 2013 y mayo
de 2015, doce personas obtuvieron fraudulentamente su matrícula de buzo
mariscador sin aprobar el examen teórico práctico de conocimientos,
examen obligatorio para la obtención de dichas matrículas.
El
abogado del Consejo de Defensa del Estado, agregó que además
paralelamente en la justicia militar, se mantiene abierto el proceso en
contra del funcionario de la Armada involucrado.
“Este caso de
falsificación de licencias interviene esta mujer que fue enjuiciada a
través de un procedimiento abreviado, donde además está involucrado un
funcionario de la Armada, que se encuentra procesado en la justicia
naval, que además estuvo siete meses preso preventivamente
y una investigación naval que aún está en desarrollo. Las penas
militares son bastante más altas, pero en ese tema prefiero no especular
en relación a
lo
que arriesga por estar en investigación y en su momento veremos que
penas se van a obtener en la justicia naval”. Finalizó Reinuava.