Ayer finalizó un juicio laboral, donde un ex funcionario del IPS demandó a la entidad por 60 millones de pesos, acusando daño moral.
Reinaldo Álvarez Cárcamo, señaló que “se trata de una tutela laboral, como estableció mi abogado Ramón Ibáñez, en base a vulneración de derechos, esto por lo que comenzó a ocurrir desde agosto del año 2015 hasta cuando me desvinculan el 31 de agosto de 2016. La actual directora del IPS asumió los primeros días de agosto de ese año. Yo estaba como subrogante establecido por el IPS a nivel central, lo que había sido ratificado. Ahí comenzó una serie de hechos que fueron realmente detestables y culminaron con mi desvinculación. Es tanto el abuso de poder, es mucho cómo te denigran y realmente fue muy duro, sufrí, lo pasé mal, me generó muchas secuelas. Acá es el poder político de hacer y deshacer, pero no puede abusar de eso y molesta”:
Álvarez señaló que trabajó casi dos años en el IPS y ahora a pesar de su título profesional de ingeniero en Administración de Empresas realiza trabajos esporádicos, esto por haberle ensuciado su nombre. “Te dejan como si fueras tonto, me hicieron evaluaciones malas que llevaron a que me desvinculen”, lamentó.
En el juicio una testigo y trabajadora del IPS Claudia Cáceres Bravo, quien se encuentra a contrata, entregó su versión en el Tribunal Laboral luego de no asistir anteriormente por temor a que la despidieran. “Soy funcionaria del Instituto de Previsión Social, declaré como testigo ya que la primera vez no vine por temor y que en diciembre me pudieran decir hasta acá llega tu contrato. Hoy (ayer) me arriesgué y vine a decir la verdad y me gustaría que esto quede como precedente. Como trabajaba cerca de la oficina de don Reinaldo, señalé los cambios, los hostigamientos y el maltrato sicológico”.
Tras el juicio, se indicó que la sentencia se dará a conocer el próximo 10 de mayo, donde el abogado del trabajador, Ramón Ibáñez, expuso en la audiencia que en el desarrollo del juicio quedó de manifiesto que su representado para las funciones que fue contratado suponía un alto grado de responsabilidad y de jerarquía al interior del servicio, llegando a ser director subrogante en el mandato de la anterior directora de la entidad, lo que fue confirmado por el nivel central del IPS.
El abogado demandante agregó que desde que asumíó la actual directora del IPS, Verónica Leiva Seguel, comenzó a hostigarlo de manera continua, cuestionando constantemente su labor, evaluándolo de mala manera, modificándole sus funciones en un breve lapso de tiempo, pasando de realizar funciones de toma de decisiones a entregar números de atención de usuarios en la entrada de la oficina del IPS de Punta Arenas.
Ante esto, indicó el abogado, Álvarez sufrió diversos trastornos personales y sicológicos ante estos malos tratos y menoscabos.