En esta violencia
sexual, a diferencia del abuso sexual como fenómeno social, existe un
intercambio, característica fundamental de la explotación sexual
comercial en menores, dado que lleva a la falsa idea de que los
afectados son conscientes de esta vulneración, la aceptan y permiten,
porque buscan el beneficio otorgado por el pago, en cualquiera de sus
formas.
La
situación en Magallanes respecto de esta temática se ha agravado en los
últimos años, teniendo un aumento explosivo durante la pandemia global
por Covid-19, en donde se identifica el ciberespacio y la internet como
una de sus puertas de entrada.
A
nivel regional, el Programa Especializado en Explotación (PEE) Centro
de Acogida ONG Raíces Magallanes, en lo que va de 2023, ha atendido un
total de 44 niños, niñas y adolescentes, víctimas de este tipo de
explotación, un 27% de ellos ingresados durante el presente año (12
casos).
Esteban
Pérez, psicólogo y director del Centro de Acogida ONG Raíces
Magallanes, se refirió a la instancia a conmemorar y la preocupación
existente por el aumento de casos. “Hoy estamos conmemorando un nuevo
año, el 18 de mayo, el Día Nacional contra la Explotación Sexual
Comercial Infantil, y hoy quisimos relevar el preocupante aumento de lo
que es la explotación en línea, a través del internet, y además
quisimos relevar la preocupación por los casos que, lamentablemente,
están llegando a víctimas menores de edad, entre los 8 y 13 años, por
tanto es una preocupación que estamos asumiendo”.
La
directora regional subrogante del Servicio de Protección Especializada
de la Niñez y Adolescencia, Jéssica Rivera, declaró: “A través de la
Comisión Coordinadora de Protección, creamos una subcomisión que se
llama Justicia y Derechos Humanos, donde estamos, durante este año,
abocados a trabajar en esta problemática. A partir de eso, establecimos
mesas de trabajo tanto en Última Esperanza y la que viene ahora es la de
Tierra del Fuego, además de las sesiones que hacemos en Punta Arenas”.
Sumado
a la preocupación existente por las víctimas, está el desconocimiento
que se tiene respecto de los explotadores detenidos, ya que no hay
cifras respecto de este tipo de delitos, el cual quedó ratificado en
diciembre de 2022, con la promulgación de la Ley 21.522 donde fue
introducido un nuevo párrafo en el Código Penal relativo a la
Explotación Sexual Comercial y material pornográfico de niños, niñas y
adolescentes.
Respecto del seguimiento judicial de quienes resulten responsables por estos delitos, Esteban Pérez señaló que “a inicios
del mes de mayo, nos entrevistamos con el fiscal regional suplente,
Manuel Soto Basaure, y abordamos cómo poder avanzar en la persecución
penal de los responsables, y ahí lo que quedó es un acuerdo de hacer una
mesa operativa de trabajo con las policías, las ONG y el Ministerio
Público, para efectivamente ir disminuyendo estas brechas y números críticos que en conjunto identificamos”.