Néstor
Fabián Caro Pérez señaló a los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de
Punta Arenas que “el tema del dinero de la Dibam se me señaló el año
2011 cuando el alcalde y otros profesionales realizaron este
anteproyecto, donde los montos eran importantes para la construcción. Lo
primero que supe sobre el dinero el alcalde Atilio Gallardo solicitó la
apertura de una cuenta, y luego en una cena nos pide a la secretaria,
al administrador municipal y a mí que no quería firmar más papeles. Nos
pidió que realicemos esas firmas porque si no nos íbamos, y por no
perder nuestros empleos con la secretaria lo hicimos. El alcalde me
mostró una serie de pagos de honorarios y gastos que se realizaron con
platas del Municipio producto del proyecto y me dijo que se gastó una
cierta cifra que se tenía que devolver y eso sucedió con el resto de las
transferencias”.
De
acuerdo a la acusación del Ministerio Público, señala que el año 2012
los imputados Atilio Gallardo Bustamante (ex alcalde y condenado en un
procedimiento abreviado), Néstor Fabián Caro Pérez (imputado) y Herta
Sofía Añazco Maldonado (llegó a una suspensión condicional), recibieron
de parte de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam) el 2
de enero del año 2012 un depósito por la suma de $58.815.829, suma que
corresponde a caudales publicos, y cuya finalidad era precisamente el
financiamiento para la infraestructira, habilitación equipamiento y
colecciones para bibliotecas, como el diseño de arquitectura y estudios
de ingeniería asistencia e inspecciones técnicas saneamiento de títulos y
asistencias legales, todo ello en relación con la construcción de
bibliotecas en la comuna”, fondos públicos que además debían manejarse y
administrarse en una cuenta separada del resto de los fondos
municipales, como se verificó en la especie con la cuenta antes
reseñada. No obstante, los imputados procedieron en primer término a
disponer traspasos o transferencias de dichos fondos públicos desde la
cuenta corriente hacia la cuenta corriente del Municipio de Timaukel,
quedando al cabo de estos movimientos en la cuenta únicamente un saldo
$15.829.
Los
imputados efectuaron las transferencias en virtud de sus facultades para
administrar los caudales publicos municipales y en pleno conocimiento
que se trataba de fondos de la Dibam.
Los
hechos son constitutivos de los delitos reiterados de Aplicación
Pública Diferente, donde el fiscal Felipe Aguirre pide una pena de 3
años y un día de suspensión del empleo y multas. “Estamos buscando
establecer en el juicio que ellos tienen otros fondos mes a mes, y que
en esa época se estaban produciendo otra malversación que se estableció
en otra condena. Además que se produjo un daño a la causa pública ya que
no se construyó la biblioteca y que el propio alcalde (Alfonso)
Simunovic declaró que aún tienen una deuda de los 58 millones de pesos
con la Dibam que no se pudo rendir”.
El juicio continúa hoy en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas