Ayer retornó a Santiago el defensor
nacional Andrés Mahnke, luego de estar presente en el balance de la Defensoría
Penal Pública de Magallanes. Antes de viajar, conversó de diversos temas con
Diario El Pingüino.
Andrés Mahnke Malschafsky se
refirió al trabajo que deben realizar para demostrar la inocencia de sus
representados, a pesar que en la normativa debería ser al revés. “Nosotros
somos personas que defendemos personas, porque defendemos culpables sí, pero
también defendemos muchos inocentes. De las 350 mil personas que defendemos al
año, más de 48 mil personas son declaradas inocentes o no responsables de la
imputación que se les hizo. Esas personas están muy contentas, pero todos
deberíamos estar contentos de que una persona puede demostrar su inocencia.
Lamentablemente 2.700 de esas personas al año han estado privadas de libertad y
luego el mismo sistema de justicia ha declarado que son inocentes, ese también
es un ámbito que se invisibiliza y que es mucho más grave, a veces que el
responsable de un delito contra la propiedad no se identifica, más grave es que
una persona inocente esté en la cárcel. En nuestro sistema de justicia penal y
en nuestra comunidad está alterado el derecho que dice relación con la
presunción de inocencia, aquí a las personas que están siendo investigadas existe
primero una presunción de culpabilidad y uno tiene que demostrar su inocencia y
eso es una alteración del sistema de justicia que se produce por los
desequilibrios de las reformas legales han incorporado al sistema de justicia
penal.
Defensa en Magallanes
En el balance de la Región de
Magallanes los resultados “siempre han sido buenos, es una constante, hemos
tenido la fortaleza de mantener un estándar alto en los sistemas de evaluación.
Lo más importante es el salto que ha dado la defensoría en la Región de
Magallanes en comparación a las otras 15 defensorías regionales que dice
relación de la satisfacción de nuestros usuarios. En la atención de oficinas la
calidad y la atención ha sido extraordinario”. Indicó Mahnke.
Reinserción social
El defensor nacional destacó el
trabajo en Magallanes en la reinserción de los condenados. “En la política
pública hay ciertas cosas que no están resueltas, en la ley de la Defensoría
dice que se atiende a imputados y acusados, lo que en el diseño normativo de la
Defensoría está establecido que nosotros defendemos a las personas durante la
investigación hasta el juicio, nada dice de las personas condenadas, sin
perjuicio que la constitución y el código procesal penal dice establece que la
defensa se extiende hasta el cumplimiento de la sentencia. Nos tardamos cinco
años en instalar la defensa penitenciaria porque no estaba en el diseño
original, no tenemos un sistema de ejecución, este esfuerzo nuestro de
establecer una mirada de ejecución de sentencias que hasta ahora tiene una
mirada de la defensa penal pública. Las personas condenadas tienen derechos y a
eso apunta la defensa penal penitenciaria que estas se respeten. En otra arista
el Estado debiera preparar a las personas que van a recuperar su libertad, para
lo que es fortalecer su reinserción en la sociedad, mientras estén privadas de
libertad todos deberíamos estar preocupados en su reinserción. La Defensoría no
trabaja en reinserción, pero hace el acompañamiento y damos información de lo
que tiene que hacer una persona privada de libertad. Las estadísticas muestran
que desde el punto de vista de las reincidencias que es un ámbito que debiese
impactar en estas decisiones, pero a la menor reincidencia el resultado es que
las personas han logrado reinsertarse en la sociedad, en el mundo laboral,
educacional y familiar. Las disminuciones de las que estoy hablando son más de
100%, estamos con reincidencia de quienes cumplen en su totalidad las penas de
reclusión del 54 o 56%, de las personas que se les sustituye la condena en el
medio libre, o se obtiene la libertad condicional la reincidencia es de
alrededor del 243%, o sea el impacto es inmenso y el trabajo es focalizarlo en
ese ámbito. Un ejemplo para el resto del país es lo que se hace en la Región de
Magallanes, que se ha incorporado los principios del sistema procesal penal
acorde a un estado democrático de derecho, acá participa Gendarmería, equipos
técnicos, la Defensoría Penal Pública y se resuelve por las comisiones que
dirige particularmente el presidente de la Corte de Apelaciones, eso es lo que
ocurre en Magallanes, en otras regiones está menos organizado, no hay un modelo
jurisdiccional, porque no hay un sistema de ejecución de penas. Ojalá que este
modelo se pueda replicar en el resto del país y poder realizar cambios en la
ejecución de las sanciones”.
Adolescentes
El defensor nacional señaló que a
nivel país existen muchos problemas en el ámbito de la ley de responsabilidad
adolescente. “Las cifras son bastante planas y no logramos hacer nada respecto
a la disminución de la reincidencia, si uno va a los antecedentes básicos se da
cuenta con estudios que hacen las mismas organizaciones públicas y otras
organizaciones que en temas de prevención la oferta de programas versus con el
trabajo policial de 10 veces inferior y si nos vamos a los recursos que se
gastan en reinserción dentro de un modelo de seguridad desde el punto de vista
del cumplimiento de las sanciones están a cargo de Sename en menores y
Gendarmería en adultos, las diferencias son las mismas, entonces claramente
estamos poniendo las fichas en el lugar equivocado, porque los estudios nos
demuestran donde vamos a obtener para fortalecer la paz social y disminuir la
reincidencia es precisamente en el área de prevención y de reinserción, o sea
lo que está antes y después de la sanción penal , pero todo lo que hacemos en
inyectar recursos y modificaciones legales promueven la participación del
proceso penal y la sanción penal como un
elemento retributivo, como un castigo dejando de lado los temas como reinserción
como tema final y prevención como parte inicial”.
Defensa autónoma
Andrés Mahnke Malschafsky, en su
visita a Punta Arenas, comentó que dentro de los proyectos que espera concretar
el la autonomía de la Defensoría Penal Pública. “Estamos muy entusiasmados con
este anteproyecto de dotar de autonomía a la Defensoría Penal Pública, que es
lo que corresponde a las organizaciones del Estado que representan derechos
ciudadanos, en el fondo que se orienten esos derechos sin amenazarlos o
perturbados por otros intereses. Tenemos el anteproyecto terminado con el
Ministerio de Justicia y con una agenda legislativa muy profusa en esta última
etapa de Gobierno no ha logrado incorporarse. Estando muy cerca de las
elecciones presidenciales es un tema que no nos gustaría que politizara, porque
es bastante transversal la mirada de la necesidad de dotar de autonomía, lo que
se puede desvirtuar el propósito del proyecto ante una agenda legislativa
profusa, y entenderse que es un propósito orientado desde un ámbito político, por
esto no hemos apresurado y mantener la transversalidad en el proyecto con este
trabajo de excelencia y hemos caminado a paso firme. Contrario a lo que se
pueda pensar, la autonomía no es un privilegio, desde el punto de vista interno
es más complejo por dos razones, uno porque si uno es autónomo el buen
funcionamiento es que se tenga un nivel de rendición de cuentas más altos de
los que se tenía cuando no era autónomo, cuentas que se rinden a la ciudadanía
y Gobierno con el que se debe coordinar más, porque si la autonomía va a
representar aislamiento sería un gran daño a la institución”.
Connotación nacional
El defensor nacional también se
refirió a varios casos de connotación nacional del último tiempo donde ha
intervenido la Defensoría Penal Pública. Entre ellos la rebaja de la pena de
Mauricio Ortega, ex pareja de Nabila Rifo, condenado por agredir a la mujer y
sacarle los ojos, donde la Corte Suprema desestimó el delito de femicidio
frustrado. Ante esto el defensor nacional señaló que “estos temas que pasan a
ser un debate nacional, independiente que los hechos ocurrieron en la Región de
Aysén y luego en la Corte Suprema en Santiago, estamos quizá en un debate un
poco desvirtuado en que se ha exacerbado la identificación de la seguridad
ciudadana como la necesidad de tener una extrema represión, control y
facultades policiales y de persecución policial y aplicar altas sanciones
dentro de un esquema para calificar como mano dura, en contra del delito y del
delincuente con resultados que no avalan esa visión. Desde el punto de vista
nuestro tenemos que representar a todas las personas que requieren defensa
pública de la misma manera y de la misma importancia por más impacto que tenga.
En este caso la mirada de la defensa desde el punto de vista central, de la
mirada de la ley es diseñar la estrategia de acuerdo a la mirada del imputado,
que en este caso sin desconocer lo horroroso de los hechos es que él no había
participado, entonces la estrategia de la defensa tanto en el juicio como en la
Corte es orientarse a fundar en base a la no participación la sanción de
nuestro representado. En la Corte nosotros obtuvimos un resultado favorable
para nuestro representado en cuanto a la rebaja de la sanción, pero del punto
de vista de los otros elementos que estaban incorporados en el recurso era
anular el juicio para hacer otro atendido a que se había vulnerado ciertas
garantías que impidieron demostrar la inocencia de Mauricio Ortega, por lo que
desde el punto de vista de los defensores también hay desazón ya que se buscaba
la absolución”.
El defensor nacional además
señaló que se defiende a todas las personas de igual forma. “En estos momentos
se está representando a personas en el caso de fraude de Carabineros y también
ex carabineros por la agresión ocurrida en Puerto Natales. Esto permite
visibilizar que nosotros defendemos personas independiente su estatus,
poderosos o los más débiles y así como tenemos muchas críticas a la labor
policial y sobre todo a las que son fundamentadas en modificaciones legales que
elimina los controles de la labor policial, cuando nos corresponde también
representamos a estos funcionarios no tan solo de Carabineros sino también de
la Policía de Investigaciones que son imputados.