Un acuerdo entre el
Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el representante de la
víctima permitió que la causa concluyese en un juicio abreviado. Los
indonesios aceptaron su responsabilidad en los hechos y el tribunal los
condenó por violación.
Ambos
fueron sentenciados a tres años de cárcel, con un modo de cumplimiento
distinto para cada uno. El autor del delito pagará de manera efectiva en
la cárcel de Punta Arenas, mientras que al cómplice se le sustituyó la
pena por la deportación a Indonesia.
Al
respecto, la defensora regional de Magallanes, Verónica Reyes, confirmó
que uno de los indonesios fue expulsado del país. En cambio, el sujeto
que perpetró el delito recibió el beneficio de la libertad condicional,
tiempo en que se ha mantenido en la región, no obstante, la pena de tres
años ya fue cumplida y ahora será expulsado, según dijo la autoridad
regional.
“En
ese contexto procede lo que se denomina la expulsión de tipo
administrativo, que es la que se solicita al Gobierno, a través del
Ministerio del Interior, para expulsar a las personas que están de forma
ilegal o bien han cometido algún delito en el país”, dijo Verónica
Reyes.