El
fiscal jefe de la Unidad del Sistema de Análisis y Focos Investigativos
(SACFI), Felipe Aguirre, señaló que ayer presentó la apelación en la
Corte de Apelaciones. “Se formalizó la investigación a cinco imputados,
quienes ya estaban siendo investigados por una denuncia de varios robos a
ganaderos, con predios colindantes con estos imputados. Una
arrendataria de un predio denunció que estos imputados ingresaron y que
lo estaban ocupando ingresando con una gran cantidad de animales”.
El
fiscal señaló que se incautaron dos camionetas y animales, por lo que
se les formalizó por abigeato reiterado. “Llama la atención que habían
más de 87 marcas de diferentes propietarios en estos ganados, y muchos
animales contramarcados, lo que oculta el verdadero dueño. Se analizaron
más de 2.600 animales, y el 20% presentaban contramarcas. Además se les
formalizó por usurpación al ocupar este inmueble, y uno de ellos por
oponerse a la acción de Carabineros, quien ordenó abrir las puertas del
corral, por lo que todos los animales se salieron y llevó varias horas
poder juntarlas otra vez. Se encontró además que este sujeto mantenía
arma y municiones de fuego, y no tenía requisitos para esto por una
condena anterior. Esta arma que se le encontró además tenía encargo por
robo en Punta Arenas”.
El
fiscal Aguirre señaló que ayer presentó la apelación ante la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas, ante no ser acogida su petición de la
prisión preventiva de los cinco imputados en Porvenir. “Las medidas
cautelares no está acorde a la gravedad del delito, además los mismos
ganaderos no comprenden que con todos estos antecedentes se impongan
cautelares menos intensivas, por eso apelamos verbalmente por uno, y por
escrito por los otros cuatro imputados”.
Cabe
recordar que los cinco imputados Jonathan Alexis Cayupel Leviñanco,
Miguel Mauricio Gallardo Poll, Jorge Luis Gallardo Guerrero, Andrés
Jorge Gallardo Poll y Vladimiro Moisés Gallardo Poll fueron formalizados
por el delito de abigeato, quedando con las medidas cautelares de
arraigo regional y firma, mientras que el plazo para el cierre de la
investigación se fijó en 180 días.