Ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía dio a conocer
al tribunal su decisión de no continuar con el proceso en contra de dos
funcionarios de la PDI, quienes fueron denunciados por otro funcionario
policial por presuntos vejámenes, apremios y agresiones sexuales por parte de
sus jefaturas.
Fue así que en la audiencia, el fiscal Felipe Aguirre y tras la
investigación desarrollada desde el 2016 tras la querella presentada por el
denunciante J.M.R., quien se desempeñaba en el complejo fronterizo de San
Sebastián en Tierra del Fuego, se comunicó que la decisión del fiscal del caso,
Fernando Dobson, era que no habían antecedentes suficientes para presentar una
acusación.
Ante la comunicación de no seguir adelante con el proceso judicial, el
abogado querellante se opuso, solicitando continuar adelante con el proceso con
una acusación particular. A esto también se opuso la abogada defensora Marta
Victoria Vargas Guerra, representante de uno de los funcionarios denunciados,
quien argumentó que se logró desvirtuar la denuncia con diferentes
antecedentes.
Ante esto, el juez Juan Enrique Olivares resolvió acoger la decisión de la
Fiscalía de no perseverar con la investigación, sin perjuicio que se fijó para
el próximo 4 de agosto para debatir la intención de la parte querellante, tal
como lo señaló el abogado Francisco Villegas que “nuestro objetivo es seguir
adelante como parte querellante particular esta acusación. Nosotros estamos
avalados por el tema del Cavas (Centro de Atención a Víctimas de Atentados
Sexuales) que fue categórico en su informe, señalando que hubo y estableció que
existe intimidación, menoscabo, presión sicológica, estableciendo una serie de
puntos que para nosotros constituyen delito. El mismo fiscal reconoce que hay
un abuso laboral, donde la persona fue hostigada, presionada y con todos estos
antecedentes pensamos que son suficientes para seguir adelante. Mi representado
se mantiene con licencia médica y se mantiene muy afectado y con temor con
estas amenazas de muerte, mientras los denunciados continúan en un sumario”.
A la salida de la audiencia, la abogada Marta Victoria Vargas, quien
representa a uno de los funcionarios denunciados, señaló que “mi representado
no está formalizado y tras esta investigación la Fiscalía determinó que no hay
delito, y bajo esa premisa es difícil revertir tras una investigación bastante
larga. Mi representado se mantiene como funcionario de la PDI”.
De la querella se señala que la víctima desde el año 2013, en comisión de
servicio con su jefe, viajaron a Puerto Williams. En ese lugar el exceso de
alcohol habría terminado con un abuso sexual. Posteriormente habrían comenzado
los rumores de lo sucedido, tras lo cual la víctima habría tomado revancha en
contra de su superior rompiendo una prenda de vestir institucional. Tras este
episodio, el afectado habría recibido agresiones por parte de otro funcionario,
quien en un comienzo le habría brindado su apoyo asegurándole que lo
protegería. La acción judicial señala que ambos funcionarios de la PDI lo
agredieron y amenazaron.