Varias
son las personas que han sido formalizadas y que han llegado a acuerdos
judiciales, luego de verse involucrados en temas políticos que los
llevaron a tribunales por incurrir en un delito.
Con
estos antecedentes, y una larga investigación, es que la Fiscalía
finalmente va tras los que estuvieron a cargo de juntar gente para
trasladarlos a sus comunas a sufragar, así lo detalló el fiscal Oliver
Rammsy: “A instancias de la primera investigación en la comuna de San
Gregorio, se inició las indagaciones que determinará si existe o no
responsabilidades respecto de los denominados ‘acarraeadores’, ya que la
misma norma señala a personas que invitan o incitan a estas otras
personas a votar en jurisdicciones o lugares distintas a sus domicilios
incurren en un delito. Esta investigación está abierta y vamos a
determinar si hay responsabilidades.
El querellante pidió extender la
querella para investigar a las autoridades o agentes que inviten a votar
en otras comunas, como las que se investigan ahora en las comunas de
San Gregorio, Río Verde y Laguna Blanca. La idea es cerrar el círculo”.
El
representante del Ministerio Público, agregó que el pasado viernes se
cerró la investigación en relación a los “acarreados” de la comuna de
Río Verde, donde en los próximos días se debe presentar acusación en
contra de nueve personas involucradas en este hecho.
“Es una situación
especial en lo que se refiere a esta investigación, no habíamos visto
algo parecido en esta zona, determinando que algunas personas
infringieron la norma, ya que teniendo dirección en Punta Arenas,
informaban para concurrir a la votación la de las comunas de San
Gregorio, Laguna Blanca y Río Verde, lo que está confirmado por el
Servel.
La instrucción del fiscal regional es aclarar los hechos y que
las personas queden con la dirección correspondiente y que se elimine la
jurisdicción mencionada. Si se reúnen los requisitos y no pueden
justificar los domicilios, arriesgan presidio menor en su grado mínimo
que va de 61 a 540 días, más accesorias. Tratándose de las personas que
incitan la pena aumenta”, señaló el fiscal Rammsy.