Los
hechos señalados involucran el gasto millonario que está efectuando la
empresa estatal para estandarizar su imagen corporativa, el uso de más
de US$ 350 millones destinados al Proyecto Incremental Área Magallanes
(PIAM), además de la venta del edificio corporativo.
Precisamente
respecto a este último punto, la Contraloría General de la República
emitió un informe cuestionando varios aspectos de la venta de las
oficinas y del contrato de arriendo de las nuevas instalaciones, que es
por 15 años y es US$8,3 millones más caro.
Por otra parte, la Contraloría señala que la petrolera estatal no pudo justificar el cambio de domicilio.
ENAP
Al
respecto, ENAP respondió: “No hemos sido notificados ni estamos
informados del inicio de investigación alguna por parte de Fiscalía y
descartamos que exista alguna irregularidad.
El oficio responde más bien
a una petición de un diputado, cercano a un dirigente sindical que se
ha enfrascado en un conflicto con la administración luego de agredir
físicamente a un ejecutivo de ENAP, quien en hora de incidentes de la
Cámara solicitó remitir dichas alegaciones, entre otras instituciones,
al Ministerio Público”.
Agregó
la institución que “para ENAP constituye una excelente oportunidad para
demostrar que no existe ninguna infracción respecto de estas
acusaciones y, como ha sido nuestra permanente línea de acción con todos
los organismos fiscalizadores, entregaremos todos los antecedentes que
se requieran”.
“Lamentamos
que se siga intentando, por intereses personales, dañar tanto la
reputación de la empresa como a los propios trabajadores, quienes han
sido artífices de los buenos resultados logrados en ENAP en los últimos
años”.