A través de videoconferencia se reformalizó la investigación en contra del marino mercante que aparece vinculado a una presunta estafa en contra de 120 familias de Punta Arenas.
Manuel Riquelme Álvarez, quien reside en Talcahuano en la Región del Bíobío, fue informado ayer por el fiscal Felipe Aguirre que se sigue la investigación en su contra por los hechos que surgieron durante los años 2011 y 2012, cuando se crearon las agrupaciones Condell 1 y Villa Canelo 2, con el objetivo de reunirse y adquirir terrenos para construir viviendas para cada uno de los integrantes.
Fue así que se formaron agrupaciones Condell 1 D, y el Canelo 2 B, así cada uno de sus miembros debían depositar en la cuenta creada para esos efectos sumas de 2 millones 400 mil pesos, en caso de un departamento, y 4 millones para adquirir una casa.
En dicho contexto, entre el 2011 y el año 2014 un total de 53 agrupados de Condell 1 D depositaron un subtotal de 157 millones de pesos, mientras que en relación a la agrupación de él Canelo 1 D, se detalló que en 18 personas se contabilizó un total de 41 millones de pesos. En relación al depósito a la misma cuenta por parte de los agrupados de él Canelo 2 D, en 18 personas se depositó la suma de 39 millones 700 mil pesos. Los 47 agrupados en Villa Canelo 2 también depositaron en la cuenta común un total de 153 millones de pesos, llegando a un total de 371 millones de pesos.
Los dirigentes de las agrupaciones se contactaban con el imputado que le realizaba asesorías externas en materias de vivienda, manteniendo una oficina en Punta Arenas que cambiaba periódicamente y con la confianza de las agrupaciones, para que le entreguen sumas de dinero en efectivo que sacaban de la cuenta para la adquisición de terreno. Se agrega que los dineros le fueron entregadas al imputado por los dirigentes de las agrupaciones, pero que no fueron invertidos, por lo que se señaló en la audiencia que 179 millones de pesos no fueron justificados, siendo apropiados por el imputado, sin restituirlos, abandonando la Región de Magallanes.
Apropiación indebida
Con estos antecedentes al imputado se le reformalizó por el delito de apropiación indebida luego afectar a las agrupaciones Condell 1,el Canelo 2 D, Condell 1 D y e Canelo 1 B, tal como lo señaló el fiscal del caso, Felipe Aguirre: “Se reformalizó porque en el transcurso de la investigación se presentaron al menos dos querellas y, por lo tanto, era necesario que las partes querellantes estén presentes en la audiencia, además la investigación se agrupó y por otra parte se quiso especificar más una lista de personas perjudicadas que realizaron estos depósitos y se identificó las personas y montos. Se investigó a otras personas pero creemos que es el imputado quien incurrió dolosamente de la apropiación. Los dineros están en materia de investigación, y se está tratando determinar hacia dónde se fueron esos dineros y por eso se alzó el secreto bancario y saber en qué se invirtió, lo que se le imputa son alrededor de 179 millones de pesos, hay que entender que hay fondos que sí se invirtieron en lo que correspondía y no se le puede imputar el total ya que hay dinero que devolvió a personas que se retiraron de la agrupación, pero no ha existido restitución de dinero”.
Por su parte, el abogado querellante, Juan José Arcos, comentó que este caso comenzó con la directiva de una de las agrupaciones que se percató de la falta de dinero. “Este caso comienza con la directiva de unas de las agrupaciones se percató que el imputado que administraba los dineros tenía un faltante de caja y deciden iniciar la querella criminal. Acá son más de 120 familias que quedaron sin vivienda, que no tuvieron una solución por parte del Serviu, donde no podía ayudar en un problema interno”.
El plazo para el cierre de la investigación se aumentó en dos meses.