Tal como ocurrió con el resto de los imputados, ayer fue
reformalizada por el denominado Caso Rayen la dueña de la empresa en cuestión.
Según lo expuesto por el
fiscal Felipe Aguirre, la imputada Patricia Leiva Narváez fue reformalizada por
delitos que no se determinaron luego de la primera formalización. “Ella era la
dueña de la sociedad Rayen SPA. Respecto a los hechos de la primera ocasión, no
sufrió cambios en la primera parte, sin embargo, en el segundo hecho se
agregaron hechos que se lograron recabar de traspasos de dineros de Rayen SPA
entre funcionarios públicos y que recayeron en el intendente de esa época,
quien ya fue formalizado. Ante esto es importante esta audiencia donde se le
indicó a la imputada que es investigada por soborno”.
A la salida de la
audiencia, la imputada Patricia Leiva Narváez se mostró molesta con la
investigación: “Encuentro insólito que cuatro años de investigación y es lo
mismo, viajé de otra ciudad para venir y sigue igual. Considero que falta
seriedad y no están todas las personas que deberían estar. Hay cosas que no se
dicen y el fiscal debe aclarar por qué faltan personas. Necesito hablar con mi
abogado ya que todo esto me ha traído muchos perjuicios, por lo que estudiaré
acciones legales entre todos. Que hayan formalizado al ex intendente es genial
porque él es uno de los culpables. Todo esto es un circo y las pruebas las tiene
el fiscal. Yo pagué mis facturas y se veían las máquinas trabajando y me
molesta que muchas cosas las dejen de lado y no salgan a la luz pública”.
Cabe recordar que la
Fiscalía investiga los hechos que ocurrieron luego del desborde del Río Las
Minas, ocurrido el 12 de marzo de 2012. En esa ocasión se declaró zona de
catástrofe, por lo que demandó al Estado ejercer sus facultades para
enfrentar la emergencia, donde se vieron afectadas más de 800 familias. Con el
objetivo de ir en ayuda de las personas damnificadas, se formó el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE), el cual estuvo presidido por el intendente de
la época Arturo Storaker Molina y en el cual tomaron parte diversas autoridades
de distintos organismos públicos, emitiéndose por cada reunión que sostenían un
informe de emergencia, el cual contenía un resumen de la situación que afectaba
a la ciudad y los cursos a seguir. Así, las labores de limpieza fueron
desarrolladas en tres etapas y en cada una de ellas se logró establecer la
participación de la Empresa Rayen SPA, en que su dueña, la imputada Patricia
Leiva Narváez, y su representante legal, el imputado Javier Gajardo Castro,
engañaron con la anuencia de los imputados Storaker Molina, Luis Sáez Martínez
y Javier Gómez Letelier, defraudando y permitiendo que se defraudara al Fisco
cobrando la suma de $ 329.195.055 a la Onemi, la cual a su vez cobró a la
Intendencia Regional, documento firmado por el imputado Arturo Storaker, quien
tenía a su cargo dichos caudales públicos y que luego fue depositado y pese a
existir prohibición notificada legalmente, y estando en conocimiento de la
medida judicial precautoria que le ordenaba retener fondos en favor de
terceros, procedió a hacer el pago de esta factura, entre otros detalles de la
formalización.