A
Marcela Jofré González, quien se encuentra en Santiago, se le indicó
que se inició una investigación en su contra por parte del Ministerio
Público por los hechos que se gestaron entre los meses de junio y agosto
del año 2015 cuando
el imputado Miguel Iturrieta Donoso, quien a esa época se desempeñaba
como funcionario de Carabineros en Punta Arenas, en concordancia con la
imputada Yohanna Paola Williams Barría, quedaron de acuerdo para que
ella captara clientes que no cumplieran con requisitos para acceder a
créditos de consumo en la banca, ofreciendo y entregando documentos
falsos que el propio Iturrieta conseguía, como liquidaciones de sueldo y
certificados de antigüedad de instituciones tanto de Carabineros, del
Ejército y Gendarmería. Una vez que estos clientes obtuvieran el
crédito, debían pagar el 35% por la gestión.
Fue
así que la imputada Williams Barría captó a la imputada Viviana Paola
Llanquín Uribe, Marcela Jofré González, Joselyn Güichapani González,
Bárbara Cárcamo Aguilar y René Arysmendi Oyarzún, a quienes les informó
que junto al funcionario
policial mantenían liquidaciones de sueldos y certificados de
antigüedad falsos con membrete de las instituciones de Carabineros, el
Ejército y Gendarmería, con firmas falsas de jefes de unidad.
Los
créditos gestionados y pagados por el Banco Estado fueron los
siguientes, de acuerdo a la investigación Viviana Llanquín Uribe obtuvo 9
millones de pesos, Bárbara Cárcamo Aguilar 13 millones de pesos.
Marcela Jofré González 6 millones de pesos, Joselyn Güichapani González
12 millones de pesos y René Arizmendy Oyarzún por 6 millones de pesos,
generando un perjuicio al banco en 57 millones de pesos, por cuanto
ninguno pagó los créditos.
En
esta causa aún faltan algunas personas para ser formalizadas, mientras
que ayer a Marcela Jofré González se le infórmó formalmente que la
investigan por un delito de uso malicioso de instrumento público y obtención fraudulenta de crédito, en calidad de autora consumado.
Tras
esto, la imputada quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional.
El plazo para el cierre de la investigación se aumentó en 60 días más.