En
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se formalizó a un matrimonio por
apropiarse fraudulentamente de una millonaria suma de dinero.
En
la audiencia, la Fiscalía le indicó a los imputados Iván Valdenegro
Muga y Pamela Villarroel Vidal, que se iniciaba una investigación en su
contra por los hechos ocurridos el año 2004, cuando el imputado comenzó a
prestar servicios informáticos para las sociedades Iris Machuca y Cía.
Ltda., donde su función era realizar asesorías informáticas y soporte
técnico. Incluso, durante el año 2006, creó un programa de control de
facturación para las empresas.
Por
este motivo, la víctima Iris Machuca Tamayo, le ofreció un contrato de
trabajo, el cual el imputado se negó a aceptar, fundando su respuesta en
que recibía una jubilación anticipada, por tanto un contrato de trabajo
lo perjudicaría. A pesar de esto, continuó prestando servicios,
llegando a tener un alto nivel de confianza con la víctima, quien
decidió que el imputado le administrara la empresa de manera informal.
Bajo
este contexto, el imputado el 2014, incorporó un nuevo sistema de pago
de remuneraciones, y con el objetivo de cumplir esta función, manejaba
un dispositivo con las claves de las cuentas corrientes de las
sociedades, como asimismo de otra sociedad de propiedad de la misma
víctima, pero de transportes. Bajo ese prisma fue que durante agosto del
2014, a julio de 2016, el imputado junto a su esposa y aprovechando la
confianza de tener libre acceso a las cuentas de las empresas, se
apropiaron de manera indebida y reiterada, de transferencias bancarias
desde la empresa afectada a la cuenta de su esposa y a la de él mismo.
Entre
algunas transferencias que se mencionaron que se alcanzaron a realizar
145 movimientos desde la cuenta de la empresa a la cuenta de la
imputada, la ingeniero en administración Pamela Villarroel Vidal,
alcanzando una suma de 98 millones de pesos. Mientras que desde otra
cuenta de la empresa de transportes de la afectada a la cuenta del
imputado, se contabilizaron varias transacciones que alcanzaron los 20
millones de pesos. Otras transferencias por 6 millones de pesos. El
monto total alcanzó los 118 millones de pesos.
Con
estos antecedentes, al matrimonio se le formalizó por el delito de
apropiación indebida en calidad de autores y en grado consumado.
La
fiscal (s) María Loreto Díaz y el abogado querellante Ramón Ibáñez,
solicitaron que al matrimonio se le impongan cautelares de arraigo
regional y firma mensual, mientras que el defensor Leonardo Vallejos
pidió que se aplique una cautelar menos gravosa, ante lo cual el juez
Pablo Miño, impuso a los imputados la prohibición de salir del país, y
el plazo para el cierre de la investigación se fijó en 70 días.
Por este delito los imputados arriesgan penas desde los 3 años a los cinco de presidio.