Una verdadera producción artesanal fue la que realizó un padrastro que grabó a las hijas de su pareja desnudas en el baño del domicilio que compartían, esto luego de dejar oculto un teléfono celular capturando las imágenes en al menos tres ocasiones.
Ayer, en una audiencia de formalización de la investigación, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, dio a conocer los hechos que ocurrieron en el transcurso de este año, cuando -según los antecedentes- el imputado Francisco Vargas Andrade, de 38 años, en circunstancias que se encontraba en la casa que compartía con su conviviente y las hijas de la mujer de 15 y 17 años. Se indicó que en diferentes días instaló el celular de manera oculta para grabar al momento que las menores ingresaban al baño. La primera captura la logró el 29 de mayo de este año, cuando la víctima de 15 años ingresó para bañarse, lo que grabó sin autorización y almacenó en el celular. Posteriormente el 1 de junio, nuvamente instaló el aparato celular y logró capturar imágenes de la otra víctima. La situación la repitió con la joven de 15 años al momento de ducharse.
El tercer video del 3 de junio, da cuenta de la misma acción, sin embargo, la joven se percató del aparato y denunció los hechos a la PDI.
Con estos antecedentes, el fiscal Fernando Dobson formalizó al mueblista por los delitos de vulneración a la intimidad y vida privada de las personas, además de producción de material pornográfico infantil. “Son las hijas de la persona que tuvo un vínculo de convivencia de tres años. Al encontrarse con este vínculo el imputado comenzó a realizar este acto de colocar de manera oculta este teléfono celular para grabarlas desnudas, lo que iba registrando y repitiendo en varias ocasiones, hasta que una de las menores se percató que estaba siendo grabada, entregando el celular a su madre que denunció a la PDI. Esto dio inicio a la investigación, se perició el teléfono celular y se encontraron varios videos anteriores registrados el mismo tipo de actos. Se formalizó por el delito de vulneración a la vida privada, que tiene penas de 61 días y puede llegar a los cinco años de cárcel. Además, se estableció un concurso del delito de producción de material pornográfico infantil”.
El imputado, que fue expulsado del domicilio de las víctimas quedó con las medidas cautelares de arraigo regional y prohibición de acercarse a las víctimas. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 45 días.