Por
tres delitos de estafa, todos casi idénticos, fue formalizado un sujeto
a quien se le imputó por engañar a tres víctimas ofreciéndoles invertir
en un lucrativo negocio que a simple vista parecía bastante rentable y
prometedor, pero que desde un inicio resultó ser infructuoso,
apropiándose de más de 184 millones de pesos en dinero en efectivo,
montos que a la actualidad aún no habría resarcido a quienes confiaron
en él.
Primer hecho
Según
los antecedentes expuestos por el fiscal Sebastián González en la
audiencia, los hechos se remontan al mes de agosto agosto del año 2016,
cuando la primera víctima identificada por las iniciales I.J.S.A.
mantenía un negocio informal de compraventa de vehículos y a través de
un socio conoció al imputado de nombre Juan Guillermo Soto Mancilla,
quien le propuso que participara en varios negocios que él estaba
llevando con bastante éxito, mostrándole las ventajas que le reportaría
asociarse con él, lo fiable que era y las utilidades que tendría con
dicho emprendimiento.
Esto
se trataba de invertir en la compra de suministros e insumos médicos
para el Hospital Clínico de Magallanes a través del sistema
Chilecompras, señalándole a la víctima tener los contactos necesarios
para llevar a buen puerto la operación, porque él además estaba
registrado y conocía el sistema, ya que anteriormente había tenido éxito
en similares procesos con el principal recinto asistencial del
territorio más austral.
Debido
a lo anterior, llevó al afectado a creer en sus palabras con la
finalidad de invertir en el presunto negocio que le propuso el imputado,
lo que se materializó con la entrega de 84 millones de pesos en dinero
en efectivo, y como una forma de garantizar el pago de las utilidades
futuras que le brindaría la supuesta operación, Soto Mancilla le entregó
a la víctima nueve cheques por la misma suma pero de distintas fechas,
pero todas del año 2018.
Cheques protestados
De
esta manera, si el negocio no prosperaba o era infructuoso por
cualquier razón, esos cheques cubrirían lo invertido, lo que daba la
garantía de seriedad a la persona engañada. Sin embargo, a la fecha en
que estos cheques deberían haberse cobrado y muy próximo a su
vencimiento, el imputado tomó contacto con la víctima y le solicitó que
no los cobre porque aún no percibía el pago del Hospital Clínico,
aduciendo de que tenía supuestamente un retraso en el pago de su
proveedores, creyéndole una vez más el afectado y accediendo a su
petición, que tenía por único objeto hacerlos caducar y que no pudieran
ser cobrados.
Esto
efectivamente aconteció, puesto que cuando el afectado concurrió a una
entidad bancaria a cobrar los cheques, éstos le fueron protestados por
falta de fondos y además de que la cuenta corriente estaba cerrada.
Asimismo, debió recurrir ante la jurisdicción civil donde el imputado
reconoció su firma en los documentos pero no la deuda.
Hospital reconoce falsedad
A
la vez, el supuesto negocio de suministros de insumos médicos para el
Hospital Clínico de Magallanes era otra falsedad que utilizó el sujeto
como una herramienta para engañar a sus víctimas, haciéndolas creer en
la verdad de lo propuesto para que luego éstas incurran en un error y
como consecuencia les entregaran las sumas de dineros señaladas por Soto
Mancilla ante un negocio inexistente.
Lo
anterior es ratificado por un oficio emitido el 4 de febrero de 2019
por la dirección del referido recinto asistencial, que indica que el
individuo no ha realizado ninguna adjudicación de insumos médicos, ni
que el referido hospital haya celebrado tales negocios con alguna
sociedad o empresa en que figure o participe el imputado como
representante.
Otras dos víctimas
En
septiembre de 2017, cayó una segunda víctima de iniciales M.A.T. y en
febrero de 2018 el tercer afectado de iniciales D.D.M., ambos que
conocieron al imputado por medio del primer afectado, a quienes también
les propone el mismo negocio, entregándole el primero la suma de 46
millones en dinero en efectivo, obteniendo a cambio dos cheques por el
mismo monto a modo de garantía, mientras que el segundo le confirió 54
millones de pesos en efectivo, recibiendo también otros dos cheques por
la misma suma. De esta forma se repitió lo mismo que pasó con la primera
víctima.
Por
el delito de estafa reiterada, el ente persecutor solicitó la
imposición de las medidas cautelares de arraigo regional y firma
mensual, argumentando que a raíz de los hechos descritos podía existir
un eventual peligro de fuga y que Soto Mancilla no decida comparecer a
las futuras audiencias, por lo cual fueron decretadas por el magistrado
Cristian Armijo, quien estableció un plazo de 90 días.
Acción civil
En
este contexto, el abogado querellante Fernando Pichún, en
representación de las tres víctimas, manifestó que “a la fecha no se ha
restituido nada a los afectados, de hecho hay una acción civil en el
cual estamos llevando a cabo un juicio con respecto a una propiedad que
él tiene para poder embargarla. Pero él le cedió los derechos a su
hermano por una suma supuesta de 20 millones de pesos, pero en
definitiva fue una venta simulada para evitar el embargo”.