Indignados
se mostraron ayer los dirigentes de una agrupación de cerca de 200
familias que tenían el sueño de la casa propia, y se les informó que la
causa que se llevaba en contra de las personas que se habrían quedaron
con su dinero, no seguía por parte de la Fiscalía.
Rocío
Jil, vocera de la Agrupación Keren Hapuc, señaló que continuarán
buscando justicia. “Esto nos toma por sorpresa, al saber que la Fiscalía
no va a investigar a estas personas. Trabajamos por un año en la
querella y tratar de hacer justicia con esta madre e hija, pero quedamos
con esta sorpresa y ellas quedan inocentes de un daño moral y económico
por cinco años. Esto nos tiene desilusionadas, pero no vamos a dejar de
trabajar, y vamos a buscar otras alternativas. Acá durante todo este
tiempo muchos adultos mayores se enfermaron y murieron esperando el
sueño de la casa propia”.
La
vocera de la agrupación agregó que “lamentablemente estas agrupaciones
no están resguardados por nadie. Sabemos que es para seguir un juicio es
complicado porque hay que gastar mucho dinero, defraudados porque el
Municipio no le pone reglas a estas asociaciones. Nosotros acá ponemos
sueños y dinero para obtener la vivienda, y esto no tiene control, está
abierto para que cualquier persona pueda cometer delitos. Nosotros como
miembros de esta asociación vamos a pelear para probar que son
culpables, porque tenemos antecedentes. Acá son 175 socios, pero hay un
total de 225 familias, porque ingresó dinero sin estar en la lista,
totalmente situación irregular realizada por esta mujer que era la
presidencia de la agrupación”.
Los
dirigentes de la agrupación señalaron que hoy sábado se reunirán a las
20.30 horas en la Iglesia San Miguel, donde junto a su abogado le darán a
conocer la situación actual de lo sucedido ayer a sus socios.
Agregaron
que el terreno que recuperaron, solo en realizar un cambio de terreno,
señalaron que tienen que cancelar más de 80 millones de pesos, de lo
cual los socios están cansados de dar dinero.
Por
su parte, el abogado querellante, Ramón Ibáñez indicó que “el año
pasado presentamos una querella con la agrupación. Acá buscábamos la
responsabilidad penal de estas dos personas, presentamos todos los
antecedentes y acompañamos todos los comprobantes de depósitos de los
175 socios. Recuperamos la presidencia de la agrupación y el terreno,
donde la presidencia anterior no rindió cuentas y hay más de 200
millones de pesos que nadie sabe dónde están. La presidenta cobraba
montos que ella quería, incluso llegó a cobrarle a una persona de la
tercera edad hasta 6 millones de pesos. La Fiscalía quien tiene que
investigar y determinar si estamos en un hecho punible, ni siquiera
judicializó el tema y señaló que con los antecedentes que habían decidió
no perseverar en la investigación. No se le tomó declaración a la
directiva, faltaron diligencias y lo único que le queda al querellante
es forzar una acusación, lo que se traduce que yo tengo que hacerme
cargo solo de un juicio oral, lo que para mi estudio jurídico es
imposible soportar un juicio de más de 50 días. Ahora en sede pena se
cerró, pero hay que ver si otras denuncias se van a investigar y buscar
la responsabilidad civil”.
Denunciadas
En
relación a las mujeres denunciadas, María Labra Oyarzo y Abigail Pino
Labra, su abogado Mario Elgueta, señaló que “esta fue una breve
audiencia, luego que a fines del mes pasado el Ministerio Público
decidió respecto con estos antecedentes no perseverar en esta
investigación en base a tal como lo dice la norma, no se establecieron
antecedentes que pudieran hacer llegar que la Fiscalía siga adelante
para perseguir un determinado delito. Esto en su momento el Ministerio
Público lo dio a conocer y la parte querellante había deducido un
forzamiento de acusación, decisión que hoy (ayer) fue desistida y ante
ellos se confirmó en la audiencia la decisión de no perseverar del
Ministerio Público en este procedimiento”.
El abogado agregó que
“nosotros desde el comienzo sostuvimos que esto no constituía delito, e
incluso interpusimos recursos de protección para establecer la seguridad
de mis representadas ante ataques en redes sociales y en sus
domicilios. El Ministerio Público con su decisión de no perseverar
confirmó que no hay delito y lo que ha quedado cerrado con esta
audiencia. Durante un año la Fiscalía llegó a una conclusión de que aquí
no había delito, por lo que se comunicó al tribunal y se confirmó hoy
(ayer).