Hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas llegó ayer una joven de 20 años, víctima de abuso sexual, para presentar una querella criminal en contra de la ex pareja de su madre.
Según lo señalado por la abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, Martina Pradenas, se realizó esta acción judicial para ser parte de la investigación, que da cuenta de abuso sexual reiterado, “luego que (la denunciante) fue abusada por el conviviente de la madre. La denuncia la realizó la joven ahora que es mayor de edad, pero esto ocurrió cuando ella tenía entre 8 y 13 años. La persona ya hace tiempo que no es pareja de su mamá, y este año se formalizó al imputado. Nuestra querella es para representar a la víctima, ya que ella quiere tener participación y voz dentro del proceso penal”.
A través de una videoconferencia, en dependencias de la Defensoría Penal Pública, se realizó el 8 de junio pasado la formalización de la investigación en contra del imputado.
Según lo señalado en esa ocasión por el fiscal Fernando Dobson, “es una investigación por un delito de abuso sexual en carácter de reiterado, los cuales fueron denunciados a fines del año pasado por una víctima de actuales 20 años, que señaló que en el período de su niñez el conviviente de su madre abusaba de ella, sin embargo, en la época de los hechos no fue denunciado, no obstante, la mujer obligó al imputado a abandonar el domicilio. Pudimos tener conocimiento, además, que el establecimiento educacional supo de los hechos en aquella época por antecedentes que la propia víctima entregó. Hay registros que no hubo denuncia, por lo que estamos investigando y, a nuestro juicio, se han reunido antecedentes suficientes para formalizar”.
La audiencia se realizó a través de videoconferencia, ya que el imputado F.A.R., de 53 años, se encuentra residiendo en Víña del Mar. De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia, los hechos se habrían registrado de manera reiterada.
Con estos antecedentes, el sujeto fue formalizado por abuso sexual reiterado, quedando con la medida cautelar de firma mensual en el Ministerio Público y la prohibición de acercarse a la víctima.