Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas entregó un veredicto condenatorio en contra de un ex militar por abusar y violar a una niña de 10 años.
Luego de tres días de juicio, los jueces José Octavio Flores Vásquez, Jaime Álvarez Astete y Julio Álvarez Toro resolvieron condenar al acusado L.E.G.M. (sólo iniciales para proteger a la víctima), en calidad de autor de los delitos consumados de violación impropia y abuso sexual impropio, en carácter de continuados. Para su abogado defensor, Guillermo Ibacache, este último punto le rebajaría la pena considerablemente. “La modalidad por el que fue llevado a juicio mi representado de ser un delito reiterado al que fue condenado, por una forma continuada, ahorra de partida entre 8 y 10 años de cárcel y es la opción más válida de acuerdo a los antecedentes que mencioné”, señaló Ibacache.
El defensor dijo que ahora se debe esperar la sentencia que se entregará la próxima semana, para presentar ante la Corte de Apelaciones un recurso de nulidad principalmente por el delito de violación, ya que el imputado desde un comienzo del juicio reconoció ser autor del abuso sexual.
Por su parte, la fiscal del caso, Wendoline Acuña, a pesar del fallo que cambió de reiterado a continuado, mantuvo su petición de las penas para el imputado. “Esperamos que las penas sean de acorde a lo que estamos solicitando en nuestra acusación. Para ello invocamos la extensión del daño causado a la niña, cuestión que nosotros acreditamos con un perito sicólogo y aparte del daño físico, existe una vulneración a su desarrollo de acuerdo a su edad. Existe una afectación en sus sentimientos y el daño provocado fue de relevancia y por eso pedimos 7 años por el abuso sexual y 16 años de cárcel por la violación”
La Fiscalía expuso en el juicio que el imputado mantiene una denuncia previa contra otra víctima por violencia intrafamiliar, antecedentes que dan cuenta de su agresividad,
El abogado querellante representante de la menor, Alejandro Ríos, señaló que “el Tribunal tuvo la posibilidad de oír la declaración de la menor y en ese contexto pude comparecer en calidad de promover sus intereses dentro del proceso y, afortunadamente, fue acogida tanto la comisión de dos delitos tanto la violación como el abuso sexual de mi representada.
En rigor lo que se trajo al Tribunal fueron las circunstancias de la niña y los hechos, y bajo esas circunstancias se encontraba ella ante este atacante, lo que se logró probar dando ella misma concordó con sus dichos planteados en las denuncias”.
Hechos
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, se indica que los hechos comenzaron a gestarse en circunstancias que el imputado de 20 años, quien se desempeñaba como soldado profesional en el Regimiento Acorazado Chorrillos, comenzó a compartir inmueble con la menor en el mes de febrero del 2016, tres meses antes que celebrara un acuerdo de unión civil con la madre de la pequeña.
En ese lugar, señalan los antecedentes, aprovechándose de las ci
rcunstancias que la menor se encontraba viendo televisión en el living de la casa, se le acercó y comenzó a efectuarle tocaciones de connotación sexual, sacándole la ropa y tocándole sus partes íntimas, situación que comenzó a reiterarse de manera diaria, y que con el tiempo fueron aumentando en intensidad, esto es, dándole besos.
En el mes de mayo del año pasado la accedió carnalmente, misma situación que se reiteró y que le provocó dolor a la menor víctima, quien le pedía que no continúe con su accionar. Sin embargo, el imputado hizo caso omiso a tal petición, incluso se repitió hasta tres días antes de la denuncia, que se realizó en el mes de agosto del año pasado.
Al imputado se le acusó como autor del delito de abuso sexual reiterado por los hechos que se registraron desde el mes de febrero al mes de abril de 2016, mientras que se le imputa el delito de violación impropia reiterada por los hechos que ocurrieron desde el mes de mayo hasta agosto del año pasado.
El ex soldado fue dado de baja del Ejército tras ser formalizado en el mes de septiembre del año pasado, sin embargo aún se mantiene privado de libertad en dependencias castrenses hasta que el fallo quede firme, para posteriormente ser enviado a la cárcel.