Campos ahondó en las cifras y estimó que, anualmente, se reciben siete
mil causas que deben ser analizadas, investigadas si existe mérito suficiente,
determinar responsabilidades penales y lograr que los culpables de delitos sean
sancionados debidamente. “Muchas veces la gente se siente decepcionada, con
nosotros y con los jueces, pero actuamos en el marco de las leyes que están
vigentes y esos cuerpos legales no los hacemos nosotros”, explicó. Añadió que
le gustaría estar más cerca de la comunidad – “acercarme más” – porque la
institución que ha empezado a dirigir a nivel regional “no está aislada de la
sociedad, por el contrario, es parte de ella”.
También expresó su inquietud ante lo que podría denominarse indefensión
en la que quedan, después de un juicio, las personas que han sido dañadas en su
integridad física y en sus bienes materiales ya que el Ministerio Público es un
ente sólo persecutor, pero que no tiene ingerencia en lo civil, es decir, no
hay responsables de los problemas que pudiera tener, por ejemplo, una persona
gravemente lesionada en uno de sus brazos y que, por esta causa, deja de
trabajar o no puede hacerlo durante un lapso que puede ser largo.
Además, valoró los resultados de una reunión de trabajo con diversas
instituciones vinculadas a las tareas del Ministerio Público, comprometidas con
la atención de víctimas de delitos, como niños pequeños, jóvenes, adultos
mayores e, incluso, con quienes ya cumplieron sus condenas, a quienes se hace
necesario prestarles apoyo.
Williams
El fiscal regional expresó su preocupación porque que la justicia y la
igualdad ante la ley se dé, también, en Puerto Williams, donde se contará con
un nuevo tribunal y con todo lo que ello significa. Indicó que se gestiona un
terreno y los recursos necesarios, esto ante el nivel central, a fin de que el
Ministerio Público pueda contar con edificio propio en la capital de la
provincia antártica y dotarlo del personal mínimo suficiente para que cumpla la
labor que le corresponde.
Por ahora, explicó Campos, las audiencias deben hacer en Punta Arenas
o en improvisados sistemas telefónicos si tanto las víctimas como los imputados
carecen de medios para venir a cumplir esa diligencia en Punta Arenas y, con
una sonrisa añadió que hacen algunas gestiones para proveer de medios a esas
personas si tienen que venir a la capital regional.
Aunque el número de causas atendidas es de apenas 15 al año, pudiera
ser que, al funcionar el sistema judicial en Puerto Williams, salieran a la luz
las denuncias que ahora no se hacen porque no hay dónde hacerlo y plantearlo en
Punta Arenas es altamente oneroso y ante esa sola posibilidad, se hace
necesario que haya una Fiscalía local en Puerto Williams, razón de las
gestiones ya emprendidas.
Finalmente, reiteró la importancia de que la comunidad conozca mejor
las tareas y funciones del Ministerio Público en el ámbito de la justicia y
para ello es preciso desarrollar un amplio plan de educación, en todos los
niveles, partiendo por los alumnos de diversas escuelas, especialmente aquellas
calificadas como más vulnerables, a fin de que, como muchas otras personas,
sepan de las características del nuevo sistema penal chileno, no sólo cuando
sean requeridos, ya sea como víctimas o imputados de un delito.