El
Juzgado de Garantía de Punta Arenas entregó recientemente un veredicto
condenatorio que ha dejado un sabor amargo en la comunidad y,
especialmente, en el entorno de la víctima.
Un
adolescente de 17 años fue hallado culpable de un delito de femicidio
frustrado, tras un brutal ataque ocurrido en agosto de 2024 en una
multicancha de la Población Silva Henríquez. La víctima, una mujer
trans, fue atacada con tal saña que quedó en riesgo vital, una situación
que, según los antecedentes, fue motivada por prejuicios de género que
la justicia, sin embargo, ha canalizado a través de un procedimiento
abreviado.
En
ocasiones, este tipo de salidas judiciales, donde las partes acuerdan
los términos del juicio para evitar una instancia oral más prolongada,
suelen, a los ojos de las víctimas y sus familiares, generar una
sensación de desconexión entre la gravedad de los hechos y la respuesta
estatal.
En
este caso, la sanción alcanza los cuatro años y siete meses, pero su
cumplimiento está lejos de la reclusión efectiva que muchos sectores de
la sociedad civil demandan ante actos de tal violencia.
El
abogado especializado en la defensa de casos de Responsabilidad Penal
Adolescente, Paulo González, detalló la naturaleza del acuerdo alcanzado
con el Ministerio Público.
“Se
llegó a un acuerdo de una pena que en total correspondería a cuatro
años y siete meses de sanción, dividida en dos tipos de sanciones: una
que es de régimen semicerrado, hoy día libertad asistida especial con
internación parcial por 19 meses, y otros tres años de libertad asistida
especial”, explicó el defensor González, subrayando que se tomaron en
cuenta la falta de antecedentes previos del joven y su reconocimiento de
los hechos.
El vacío de la ley
A
pesar de la condena, el relato de la familia de la víctima pone en
evidencia una realidad preocupante: la aparente invulnerabilidad de los
agresores adolescentes frente a un sistema diseñado primordialmente para
su protección y reinserción.
Bárbara
Valdés, madre de la joven atacada -quien falleció en 2025 debido a
complicaciones de salud previas, aunque no directamente ligadas a las
heridas del ataque-, ha manifestado su desazón ante lo que considera un
sistema que “lo tiene todo mal”.
Para
Valdés, el hecho de que el tribunal no haya calificado la agresión
formalmente como un “ataque de odio” o bajo agravantes de transfobia
explícita, debilita el mensaje que la justicia debería enviar a la
sociedad.
La
madre enfatizó que las múltiples puñaladas recibidas por su hija en el
tórax, pulmón y cabeza demuestran una intención de matar que no se
condice con la flexibilidad de las penas asignadas.
“Yo
no tengo ninguna seguridad con que él ande en la calle solo, porque yo
no sé en qué momento él pueda atacar a cualquier niño de su edad o no de
su edad. La verdad es que encuentro que está todo mal hecho. No se tomó
en cuenta que él sea transfóbico u homofóbico, sino solamente se tomó
como atenuante que la mamá lo había entregado”, señaló Bárbara Valdés
con evidente frustración.
Violencia juvenil en ascenso
El
caso de Punta Arenas es un síntoma de una tendencia que preocupa a
nivel nacional: el escalamiento de la violencia extrema protagonizada
por adolescentes. Mientras el marco legal de la Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente busca evitar la estigmatización y promover la
educación del joven, las víctimas y sus familias perciben que el
equilibrio de la balanza se ha inclinado peligrosamente. La sutileza con
la que el sistema protege al victimario menor de edad parece dejar en
la desprotección a quienes sufren las consecuencias de sus actos,
especialmente cuando se trata de grupos vulnerables como la población
trans.
La
familia Valdés no pretende dar por cerrado el capítulo con este
veredicto. Con la firme intención de recurrir a tribunales de alzada,
esperan que la sentencia definitiva, que se conocerá en los próximos
días, pueda ser apelada para buscar una justicia que no solo castigue,
sino que reconozca el trasfondo de odio que rodeó este violento
episodio.