Vilma Irene Garay Barrientos, de 50 años, y su hijo Franco Jean Paul Masse Garay, de 26, fueron puestos
a deposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, durante la jornada de
ayer, tras haber sido capturados por personal de la Policía de Investigaciones
(PDI), al verse involucrados en casos de red de tratas de personas con fines de
prostitución.
Durante la audiencia, el fiscal Daniel Soto les comunicó a
la madre y su hijo, que desde hace algún tiempo la Fiscalía inició diligencias,
para investigar varios delitos, entre ellos el de trata de personas con fines
de prostitución, señalando el caso de 19 mujeres, provenientes de distintos
países, las cuales habrían llegado a Chile a trabajar engañadas, siendo
sometidas a trabajos en locales nocturnos.
El viernes, personal
de la PDI, inició el allanamiento simultáneo de varios locales nocturnos en Puerto
Natales, con la finalidad de dar un golpe al trabajo nocturno de mujeres, con
fines de prostitución. Es así como los imputados fueron capturados, por
promocionar y facilitar el ingreso de personas al país para trabajos con fines
de prostitución.
La audiencia de formalización de cargos se extendió por tres
horas. En ella el fiscal expuso caso a caso las situaciones, quedando incluso
algunas situaciones sin mencionarse, esto de acuerdo con lo informado por
Daniel Soto, quien entregó detalles de la investigación realizada: “Los
fundamentos fueron expuestos durante la audiencia, respecto con una
investigación que tiene ya casi cuatro años, se funda en diversas diligencias
que se han realizado por la brigada de delitos sexuales de la PDI, por
Carabineros, quienes trabajaron en un inicio, trabajando con interceptación de
llamadas, con antecedentes que se han recibido
por parte de lineas aéreas y de extranjería. Con información de diversos
estamentos que fiscalizan la entrada al país. Estas personas se expusieron al
análisis que se realizó por parte de la Brisexme de Punta Arenas. Hay mucho
material que se expuso y muchos materiales que no se expusieron”, dijo el
fiscal Soto.
Con relación al tipo de delito, Soto explicó “es un delito
formal y que tiene que ver con una conducta de promover o facilitar, nada más
que eso. Esto fue lo que se expuso al tribunal y fue acreditada. Hay que tener
en cuenta que no siempre se requiere que se ingrese al país, con un fin
determinado, que es lo que también fue acogido por el tribunal”, explicó el
fiscal.
Consultado sobre el plazo de cinco meses, que se decretaron
para la investigación, señaló que “si se
evalúa la cantidad de personas, de casos y de información necesaria para ver la
configuración de este tipo de delitos. Probablemente se realicen
formalizaciones en estos hechos, que no están en antecedentes que no se han
sumado. Si varían los hechos y se modifican los antecedentes podrían cambiar
las medidas cautelares” informó Soto.
Otros antecedentes que se sumarían a la carpeta
investigativa, donde se podría registrar delitos como el tributario, dijo que
son materia de la investigación y que los antecedentes se aportarán de manera
oportuna.
Con los antecedentes expuestos en la audiencia, se oficiará
a Carabineros, el cierre o clausura de algunos locales que fueron allanados, de
acuerdo con lo informado por el fiscal. “Por el tenor que expone el código
sanitario, existe una norma, que ordena al cuerpo de Carabineros el asumir
clausuras y decisiones de los locales que fueron revisados. Esa actividad la
realiza Carabineros y se harán acompañar por personal del Servicio de Salud”,
expresó Soto, por los cuatro locales que fueron allanados por la PDI.
Las mujeres, víctimas de este hecho, se les brindará ayuda
por parte del Gobierno, señalando que la unidad de víctimas y testigos de la
Fiscalía, se encuentran atendiendo a las mujeres hasta que se decida su
condición.
Otra de las aristas que se estaría manejando en esta
investigación, tendría relación a los delitos de aborto, a lo que el fiscal
declinó referirse hasta avanzada la investigación, decretándose un plazo de
cinco meses para el cierre de esta, siendo enviados ambos a cumplir prisión
preventiva, durante todo este tiempo.
Los detenidos son propietarios de uno de los
locales nocturnos más antiguos de Puerto Natales