Los hechos se iniciaron
el 8 de octubre del 2021. El afectado presentó un reclamo porque su
empresa de telefonía habría solicitado a su nombre un nuevo chip de
celular. La petición no había contado con su autorización y le significó
la suspensión del servicio.
Ocho
días después, el cliente volvió a quedarse sin servicio. Una vez que
recuperó la señal se percató que desconocidos ingresaron a su cuenta
corriente e hicieron dos transferencias. Una de ellas asciende a los
4.950.000 pesos, mientras que la segunda fue de 660 mil pesos.
La
víctima bloqueó sus tarjetas e hizo un reclamo formal al banco, pero no
quedó satisfecho con su respuesta. “Me comunican que ellos no son
responsables y que no podrían devolverme nada del dinero defraudado”,
dice la querella.
El
afectado decidió recurrir a la justicia para ser reparado e interpuso
una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la
cual ya fue acogida a trámite.
La
acción solicita que la Fiscalía instruya a la PDI para que investigue
los hechos y que cite a declarar a la víctima. También pide que se tome
declaración a los destinatarios de las transferencias y que se oficie a
la empresa de telefonía para que entreguen antecedentes sobre la
solicitud del nuevo chip.