El Juzgado de Garantía de Porvenir dio luz verde a la querella
presentada por los familiares de la joven madre que falleció en dicha
localidad, Roxana Ruiz Rojo. De esta manera, la ministra de Salud, Carmen
Castillo, será investigada por la Fiscalía, al igual que las demás personas
involucradas.
La información fue entregada por el abogado de la familia, Juan José
Arcos, quien dijo que esto marca un precedente, ya que el tribunal encontró
justa la investigación que deberá desarrollar el Ministerio Público en contra
de la máxima autoridad de Salud en Chile.
“La situación de que el Tribunal de Garantía haya acogido la querella,
en los términos que se han presentado, establece un precedente, porque el juez
de la causa considera que hay mérito para que se investigue a la ministra de
Salud, como a las demás autoridades del área, en el caso de la muerte de esta
joven”, dijo Arcos.
De acuerdo a lo señalado por el abogado, las autoridades estaban en
completo conocimiento de que en Porvenir no se cuenta con especialistas para
atender algunas patologías, argumentando que el anuncio fue realizado por el
propio intendente Jorge Flies cuando asumió como autoridad regional. “Las
circunstancias del cuasidelito de homicidio corresponde a que las autoridades
de Gobierno estaban informadas del problema que existía en Porvenir sobre la posibilidad
de trasladar médicos a dicha ciudad. Ustedes mismos han publicado informaciones
al respecto. La primera entrevista que dio el intendente Flies en Porvenir
hacía alusión a este problema, y expresa la falta de especialistas. En otra
oportunidad se reúnen los dueños de DAP con el intendente, y le explican la
problemática sobre la falta de traslados. Pese a ello, no tienen ningún
protocolo para trasladar a especialistas a Porvenir y tampoco a ninguna
provincia. No existe un convenio con alguien, lo único que pueden hacer es
contactarse con la FACH, pero esto se demora. Nunca se pusieron en el caso de
que cuando el paciente esté grave, como lo que ocurrió con la joven, debe
trasladarse el equipo médico”, dijo el abogado de la familia Ruiz Rojo.
Con respecto a la posible declaración de la ministra, el abogado dijo
que “nosotros vamos a solicitar que la ministra declare, pero también el
intendente, por la responsabilidad que puede tener. Y con ello la autoridad
regional deberá responder a lo que fue advertido por DAP”, concluyó el abogado.