Luego de todo el proceso de duelo
que está viviendo un matrimonio junto a su hija mayor, ayer decidieron
interponer una acción judicial contra quien resulte responsable de la presunta
negligencia en la muerte de la bebé Aylin Catalina el pasado jueves en el
Hospital Clínico de Magallanes.
Juan Carlos Garcés, padre de la
niña fallecida, llegó hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas acompañado
de familiares para interponer la querella criminal. “Queremos hacer público
esto para que no se repita de nuevo, porque uno ve que los médicos saben porque
estudiaron, pero a veces hacen sufrir a las mujeres más de la cuenta, a veces
las enfermeras o matronas no le creen los dolores. Lo que le pasó a mi señora
no se lo doy a nadie, ella a penas pudo ir a sepultar a nuestra hijita. Estamos
saliendo adelante con el apoyo de la familia y amigos, pero cuando se van todos
queda muy triste, es obvio si estaba todo bien y tal vez por una negligencia no
la puede tener en sus brazos, incluso cuando salió del hospital dijo que a la
niña no la puede llevar en sus brazos y la tenía que llevar en un cajón. Esa
noche estuvo muy mal, me partía el alma verla así. Esperamos que se haga
justicia, no nos interesa dinero, sólo que se aclare y que no vuelva a
ocurrir”.
Por su parte, el abogado
querellante, Juan José Arcos, indicó que “esta es una querella por el delito de
negligencia médica en contra de quienes resulten responsables, en este caso de
un menor nonato, donde la paciente tenía una cesárea programada, ingresa el día
anterior con evidentes síntomas de parto y contracciones, y en esas
circunstancias no es atendida por un médico hasta el cambio de turno a las 20
horas, donde se le dice que puede esperar tranquilamente hasta la hora de la
cesárea programada. Es vista solamente por enfermeros obstetras, y en esas
condiciones por el dolor se desmayó, y producto de la falta de atención médica,
produciéndose la extracción de la menor fallecida. El hospital no cumplió con
la obligación de monitorear permanente a la paciente, quien ya estaba en una
sala de maternidad y uno tiene la confianza que el personal médico va a estar
monitoreando, pero por esta falta no se supo en qué momento falleció la menor.
La persona llegó a una situación extrema de desmayo y dos horas permaneció sola
sin darse cuenta de esto y lo más importante es establecer que es lo que no se
hizo”.
De acuerdo a la acción judicial,
se detalló que los hechos ocurrieron en circunstancias que Pamela Vargas
Guinado estaba embarazada de Aylin Catalina Garcés Vargas, quien tenía programada
una cesárea para el viernes 5 de mayo pasado. Sin embargo, el miércoles en un
control se detectó la pérdida del tapón mucoso, por lo que el médico ordenó que
la mujer se mantenga en reposo antes de realizar el parto. Fue así que el
jueves 4 de mayo, Pamela Vargas ingresó alrededor de las 15.30 horas al
Hospital Clínico de Magallanes, siendo revisada por el matrón de turno que
ordenó su hospitalización, donde alrededor de las 17.30 horas se monitoreó a la
bebé, donde estaba todo en perfectas condiciones. Posteriormente a las 20
horas, nuevamente se le acercó el matrón, quien dejó el turno con la matrona
que ingresaba al turno. En esos momentos la paciente le indicó que las
contracciones eran cada 10 minutos, solicitando que se adelante la cesárea, además
que su presión arterial estaba baja, por lo cual el matrón le dijo que no se
preocupara que todo quedaba para su parto el día siguiente, y que le colocaría
supositorios para retrasar el parto. Eso nunca se concretó y el matrón dejó su
turno sin que ningún médico vea a Pamela Vargas, quien cayó desmayada producto
del dolor. En la acción judicial se indica que a la paciente se dejó en una
habitación de maternidad sin que hubiera un monitoreo constante, hasta que
recién a las 22 horas de ese día se le acercó personal médico que sólo constató
el fallecimiento de Aylin Catalina, realizándose la cesárea a la 1.00 hora de
la madrugada del 5 de mayo.
La querella fue presentada por un
cuasidelito de homicidio, solicitando que los antecedentes sean remitidos al Ministerio
Público para que se formalice al o los responsables, arriesgando una pena sobre
los 3 años de presidio.