Tras
una investigación de largo aliento, el Ministerio Público presentó su
acusación en contra de Jaime Cabrera Almendra, un empresario magallánico
que habría sometido a ocho ciudadanos haitianos a trabajos forzados.
La
Fiscalía lo sindica como autor del delito de trata de personas. Pide
una condena de 10 años de cárcel y multa de hasta 3,6 millones de pesos.
Engañados a Magallanes
Los
hechos descritos en la acusación indican que las víctimas llegaron a
Chile entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Tenían visa de turista y
buscaron regularizar su situación migratoria a través de la búsqueda de
empleo. Así conocieron a Jameson Sant Fort, un comerciante haitiano que
habría hecho labores de captación para Cabrera Almendra.
El empresario
costeó los pasajes de las víctimas a Punta Arenas. Según la acusación,
retuvo sus pasaportes y los trasladó a un predio de Villa Renoval para
que trabajasen en la recolección de musgo.
El
lugar quedaba a 64 kilómetros de Puerto Natales y no tenía locomoción
pública. Los afectados –que no hablaban castellano ni conocían el camino
a la ciudad– vivieron en una “rancha” construida de plástico, sin
conectividad telefónica ni menos internet. Tampoco contaba con
electricidad, calefacción ni alcantarillado.
La
jornada laboral iniciaba a las 7.00 y concluía a las 20.00 horas. Se
trabajaba de lunes a domingo y sin el abrigo necesario para hacer frente
al frío magallánico. Según la carpeta, a los haitianos se les pagaba
500 pesos por cada saco rellenado de musgo, mientras que los
trabajadores chilenos recibían hasta 1.000 pesos por el mismo trabajo.
De
la remuneración alcanzada con el relleno de sacos, el acusado habría
descontado un porcentaje por alimentación, zapatos de trabajo y el
propio traslado de los haitianos desde Santiago a Puerto Natales.
“Las
víctimas eran conminadas a producir puesto que, en caso contrario, no
se les haría contrato y serían expulsadas del país”, dice la acusación
firmada por la fiscal Wendoline Acuña.
En
febrero de 2018, los afectados firmaron un contrato con la
exconviviente de Cabrera Almendra, quien figuraba como representante
legal de la empresa. De acuerdo a la fiscalía, el documento estaba
escrito en español y los empleados no lo entendieron, pero lo firmaron
para obtener su visa de trabajo. Dos meses después el imputado les hizo
firmar un finiquito.
“El
término de la relación laboral se produjo porque las condiciones
climáticas hacían imposible que los ciudadanos haitianos siguieran
trabajando, lo que los obligó a pedir ayuda”, señala la acusación.
Cartas de la Fiscalía
El
Ministerio Público cuenta con 32 testigos para acreditar los hechos,
incluyendo a los extranjeros afectados. También podría declarar ante el
tribunal el comerciante haitiano que hizo labores de captación y la exconviviente de Cabrera Almendra.
La fiscalía
también puede exhibir ante los jueces los contratos de trabajo, pasajes
aéreos y acreditación de hosterías, entre otros medios probatorios.
El
imputado cumple actualmente con firma quincenal ante la Fiscalía Local
de Puerto Natales y arraigo regional. El 21 de enero tendrá que
conectarse al juzgado