Acompañada
de su abogado llegó ayer hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la
periodista que estuvo doce días privada de libertad al interior del Regimiento
Pudeto.
Según lo
expuesto por el abogado Juan José Arcos, solicitaron que la investigación la
desarrolle la justicia civil. “Lo que estamos pidiendo al tribunal de Garantía
es que se declare la competencia y que
por vía inhibitoria se formule una cuestión de competencia y se remitan los
antecedentes a la Corte Suprema la que dirima cuál es el tribunal competente.
En virtud del juez presidente debe resolver y si accede a declararse competente
para conocer la causa, se comunica a la Fiscalía Militar, por lo que
enfrentaría un proceso penal ordinario público, donde existe la posibilidad de
ir a un juicio oral o llegar a un procedimiento abreviado o salida alternativa,
sobre todo que acá ya se ha reparado en totalidad el perjuicio”.
Arcos agregó
que “la presentación se hizo basándose en una jurisprudencia que existe a
propósito de una causa de Teófilo Haro, que fue la persona que perdió un ojo en
las protestas de Aysén, donde en ese caso se presentó una inhibitoria
competencia por parte del abogado y el tribunal de Garantía de Aysén se declaró
competente y remitió los antecedentes a la Corte Suprema que dirimió la
cuestión de competencia en favor del tribunal ordinario civil, en esta
situación se ve la misma hipótesis, es decir que es un hecho que no ocurre en
un cuartel”.