La
Seremía de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes tomó la
representación judicial de la ciudadana indonesia F.M.K., posible
víctima de trata de personas, delito que constituye una grave
vulneración a los Derechos Humanos y con ello, un caso de Violencia
Extrema en contra de las mujeres que son víctimas de él.
En
este contexto, el organismo público participó el pasado jueves en la
audiencia de sobreseimiento definitivo solicitada por la Defensa, la
cual busca cerrar la investigación desformalizada de Trata de Personas
que está llevando a cabo el Ministerio Público, bajo el argumento de que
no habría antecedentes suficientes para configurarse un delito.
SernamEG
sostiene que aún hay diligencias pendientes y así lo explica la seremi
del ramo, Patricia Mackenney: “este caso está en pleno proceso de
investigación desformalizada, pero según los antecedentes expuestos y el
relato de la víctima, el cual no es nuestro rol cuestionar sino acoger,
es un posible caso de trata de personas, el que además de constituir
delito en nuestro país, se establece como una clara violación de
derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales
vigentes en Chile, y por tanto forman parte de nuestro ordenamiento
jurídico”.
La autoridad agregó que “además, por mandato constitucional, tienen primacía por sobre las normas de derecho interno”.
En
efecto, incorporado a la legislación chilena a través de la Ley N°
20.507 del año 2011, la Trata de Personas consiste en captar, trasladar,
acoger o recibir a una persona mediante violencia o engaño, para
someterla a explotación sexual –incluyendo la prostitución y la
pornografía forzada-, trabajos o servicios forzados, servidumbre,
esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos. De
acuerdo al último informe de la PDI, los delitos asociados a la trata de
personas se triplicaron en el país en los últimos cinco años – de 56 en
2013 a 183 casos en 2017-.
Desde
la promulgación de la ley, entre los años 2011 y 2017, han sido
formalizadas 33 causas por el delito de trata de personas, afectando a
214 víctimas, de las cuales 146 de ellas sufrieron trata laboral y 68
personas trata sexual.
F.M.K.
originaria de Indonesia, sería una de ellas. De acuerdo a lo expuesto
en audiencia y donde habría sido contratada a través de una agencia en
Singapur y trasladada a Punta Arenas bajo la promesa de un trabajo de
dos años y un sueldo mensual de 650 dólares.
Tras cinco meses de labores
domésticas, el 25 de septiembre de 2017, decide escapar del domicilio y
denunciar a la Policía de Investigaciones las jornadas de trabajo
extensas, no pago de remuneraciones, restricción de salir de la casa sin
compañía de sus empleadores, imposibilidad de contactar telefónicamente
a su familia y retención de pasaporte, entre otros episodios.
@PabloFortin