El
viernes 3 de enero comenzó el juicio por vulneración de derechos que
alega una funcionaria del Ministerio Público en contra del equipo del
fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.
El
abogado Rodrigo Ojeda, representante de la funcionaria Katherine
Fleming, señaló que “se rindió la prueba testimonial completa de ambas
partes. Nuestra parte documental y quedó pendiente para el 31 de enero
la documental de la parte contraria. El juicio dice relación de una
tutela laboral en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, en contra del
fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y su equipo de trabajo,
el señor Danilo Huilcarema como la directora ejecutiva Verónica Larraín.
Esto es básicamente por un historial de acoso del fiscal Campos y el
señor Huilcarema en contra de mi representada, quien se desempeñó como
secretaria de la dirección ejecutiva regional del Ministerio Público de
Magallanes, y que fue sacada de ese lugar, siendo enviada a la Fiscalía
Local de Punta Arenas, en un rol que no ha desempeñado, por lo tanto fue
denigrada en su cargo y ya se celebró la audiencia preparatoria, donde
el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio
Público, presentó una excepción de incompetencia de caducidad, porque el
Juzgado Laboral no es competente para conocer estos caso, y que los
hechos ya habrían pasado del tiempo y que no fueron alegados
oportunamente. El fiscal Eugenio Campos estaba como testigo y no asistió
a la audiencia y tampoco se excusó, no compareciendo”.
El
representante de la funcionaria de la Fiscalía indicó que “mi
representada fue la secretaria del exdirector ejecutivo de la entidad,
Alfredo Fonseca, quien fue desvinculado hace unos meses, y ahora mi representada
por la cercanía en el trabajo que realizó con el señor Fonseca lleva a
estas situaciones en su contra, por lo que presentamos esta denuncia.
Con esta acción buscamos es que ella retorne a la secretaría de la
Dirección Ejecutiva regional y solicitamos indemnización de daño moral
por todo lo que ella ha sufrido de 5 millones de pesos. Ella volvió a
trabajar a mediados de agosto del año pasado luego de una licencia
médica, donde se le informó que estaba destinada a la Fiscalía Local de
Punta Arenas a un trabajo administrativo de menor rango, lo que incluso
fue declarado en el juicio por el señor Huilcarema y Verónica Larraín”.
El
abogado indicó que el 31 de enero continúa la audiencia con las
alegaciones finales en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas.