Ayer,
un imputado que llegó por sus medios al Juzgado de Garantía de Punta
Arenas, fue encerrado en la cárcel de la ciudad por incumplir las
medidas judiciales impuestas de no acercarse a su esposa, como también
por el delito de lesiones y robo que afectaron a la víctima.
De
acuerdo a los antecedentes expuestos por la fiscal Romina Moscoso, el 8
de junio de 2019 el imputado de iniciales I.P.O. concurrió a un local
comercial ubicado en calle Roca de Punta Arenas, lugar de trabajo de la
víctima, esposa del imputado, a quien amenazó que le haría la vida
imposible. Con esto, el imputado incumplió una cautelar de prohibición
de acercarse que se le impuso en el mes de mayo del año pasado por parte
del tribunal de Familia.
Luego,
el 11 de junio en horas de la mañana, concurrió hasta el domicilio de
la víctima, donde ingresó señalándole que continuaría hostigándola a
pesar de las detenciones de Carabineros. Ese mismo día, en horas de la
tarde, nuevamente concurrió al lugar de trabajo de la mujer, cometiendo
un nuevo delito de desacato.
El
14 de junio, el imputado continuó visitando el lugar de trabajo de la
víctima. Asimismo, el 22 de junio en Rómulo Correa con Bulnes, de manera
más violenta, el imputado se acercó a la víctima, agrediéndola,
tomándola de los brazos para tirarla contra una pared. Ya el 24 de
agosto, a pesar de tener vigente la imposibilidad de acercarse a la
víctima y a su lugar de trabajo, llegó el imputado al establecimiento
comercial donde trabaja su esposa, cortando el candado, dañando la
puerta para comenzar a sacar especies desde el interior, las que llevó a
su vehículo y que fueron avaluadas en 6 millones de pesos.
El
13 de diciembre del año pasado, el imputado nuevamente llegó al local
comercial de la víctima a quien insultó nada más salir del local.
Con
estos antecedentes, al imputado se le formalizó como autor de siete
delitos de desacato, lesiones menos graves en contexto de violencia
intrafamiliar, robo en lugar no habitado. Bajo estos fundamentos,
la fiscal Romina Moscoso, solicitó la medida cautelar de prisión
preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad,
de la víctima y por la gravedad de los delitos. El defensor Leonardo
Vallejos, se opuso a la medida privativa de libertad, no obstante el
juez (s) de Garantía, Bernardo Toro, acogió la petición de la persecutora
del Ministerio Público, al estar en presencia de los delitos de
desacato, lo que está justificado y reiterado, como también lesiones y
que la seguridad de la afectada está en peligro con la libertad de su
cónyuge, ante lo cual decretó la prisión preventiva para el imputado por
no respetar lo decretado por jueces de Familia y Garantía. El plazo para el cierre de la investigación de fijó en 60 días.