Hasta el Tribunal Constitucional llegó la defensa de un conductor que
fue condenado por la Ley Emilia tras protagonizar un fatal atropello en contra
de una mujer de 77 años.
De acuerdo a lo señalado por el abogado Juan José Arcos, es
inconstitucional que su representado pase un año privado de libertad. “Es un
hecho inédito que en la justicia en Punta Arenas se suspenda una causa por el
Tribunal Constitucional, y eso es lo que ocurrió en el caso de mi representado
Guillermo Blanco, que es una causa donde se aplica la Ley Emilia. Sin embargo,
desde el comienzo que nosotros alegamos que esta ley es inconstitucional, ya
que es discriminatoria y obliga un año en cárcel, siendo que hay otros delitos
más graves que no obligan a este primer año en cárcel. En esas circunstancias
presentamos un recurso al Tribunal Constitucional, que fue acogido, ordenándose
la suspensión de la dictación de la sentencia hasta cuando se resuelva la
constitucionalidad de la norma. Cuando se debate en el Tribunal Constitucional
que una ley tiene un vicio de ilegalidad, se zanja, y si se determina que no es
constitucional, se ordena al tribunal que dicta el fallo, a prescindir de la
norma y eso es lo que estamos alegando, que se prescinda la norma que obliga a
suspender el beneficio de libertad por un año”.
Guillermo Gilberto Blanco Muñoz fue condenado en enero pasado a una pena
de tres años y un día de libertad vigilada intensiva, sin embargo, se señaló
que deberá cumplir de manera efectiva un año en la cárcel por la denominada Ley
Emilia. En su declaración ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, el
imputado indicó que, efectivamente, luego de haber impactado a una persona con
el vehículo que conducía el día 28 de junio del 2016, aproximadamente a las 17
horas, entró en pánico y en shock, por lo que se fue del lugar sin dar cuenta a
la autoridad de lo sucedido. Ocho horas después, y luego de conversar con su
pareja y madre, se entregó a Carabineros.
El imputado fue detenido en la Primera Comisaría de Punta Arenas,
alrededor de las 1.30 de la madrugada, luego que estuviera siendo buscado por
su responsabilidad en el fatal accidente.
Con estos antecedentes, al imputado se le acusó por los hechos que
ocurrieron cuando la víctima Porfiria Cárcamo Muñoz, de 77 años, descendió de
un taxi colectivo en las proximidades de calle Eusebio Lillo, entre las calles
Francisco Antonio Pinto y Ramón Freire.
En esos momentos fue embestida por un vehículo Hyundai Euro Accent
blanco, lo que provocó que la mujer cayera a la calzada golpeándose fuertemente
la cabeza contra el pavimento, quedando inconsciente. En esos momentos el
conductor del vehículo, Guillermo Blanco Muñoz, quien además no poseía licencia
de conducir, no detuvo la marcha al ocurrir el accidente, no prestó la ayuda a
la víctima y no dio aviso a la autoridad policial más cercana de manera
inmediata. A consecuencia del atropello, la víctima falleció posteriormente en
el Hospital Clínico de Magallanes a causa de un traumatismo encéfalo craneano
(TEC) grave.