Un amplio operativo policial
desplegó la tarde del jueves personal del OS-7 de Carabineros al
interior de dos domicilio ubicados en calle Quillota, en la población
Playa Norte, debido a una denuncia que indicaba que en aquel lugar, un
individuo se dedicaba al tráfico de drogas, además de mantener tres
cultivos indoor con plantas de cannabis sativa.
Tras
un trabajo de investigación que se extendió por casi un mes, las
diligencias resultaron exitosas, logrando en conjunto con las unidades
del GOPE y Fuerzas Especiales de Carabineros el arresto de un sujeto
identificado como Eduardo Leiva Ononi, quien opuso tenaz resistencia a su aprehensión.
El
hombre registra numerosas detenciones por delitos de violencia
intrafamiliar y amenazas, agregando a su extenso prontuario delictual
distintos ilícitos asociados a la Ley de Drogas.
Se
constató también que el individuo mantenía un cultivo de cannabis en
una bodega de la casa de su padre y abuela, a quienes –según
Carabineros- mantenía amedrentados incluso llegando a golpearlos en
varias oportunidades, mientras que en su casa se dedicaba a secar y a
dosificar la marihuana.
Se
incautaron 42 plantas de cannabis sativa en tres sistemas indoor que
estaban debidamente equipados y adaptados para el cultivo de las
especies, además de 1 kilo 211 gramos de marihuana a granel, logrando
sacar de circulación la cantidad de 1.731 dosis de esta droga, que en el
mercado ilícito alcanzaría un costo que superaría los 17 millones 300
mil pesos.
Durante
la jornada del viernes, el imputado debió responder ante la justicia,
siendo formalizado por el Ministerio Público como autor de los delitos
de tráfico de drogas, cultivo ilegal de plantas del género cannabis
sativa y tenencia ilegal de municiones, elementos que también fueron
encontrados en su domicilio, sin tener la debida autorización para aquello.
Al
respecto, el fiscal Manuel Soto solicitó la medida cautelar de prisión
preventiva, y tras el debate de rigor, el magistrado Cristián Armijo
optó por enviar a la cárcel a Leiva Ononi, considerando que su libertad
constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, como también el
amplio prontuario delictual que registraba el imputado, decretándose un
plazo de 60 días para el cierre de la investigación.
Cabe
señalar que no se pudo obtener mayores detalles de la imposición de
cargos, como tampoco de las respectivas alegaciones de la defensa,
debido a que el video de la audiencia no fue remitido a este medio por
parte del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.