Una
problemática social y de índole diplomática se debatió durante la tarde
de ayer en un control de detención realizado por videoconferencia,
luego que la persona detenida de nacionalidad colombiana revelara que ha
hecho todos los esfuerzo posibles para que sea deportado a su país, al
no encontrar mejores oportunidades laborales en la región más austral de
Chile.
El
imputado, identificado como Alexander Rivera Perlaza, fue sorprendido
por efectivos del Ejército deambulando cerca de la 1,55 horas de ayer en
la intersección de Avenida Independencia con calle Zenteno,
infringiendo sin salvoconducto el toque de queda vigente, además de no
portar consigo documento alguno que lo identificara.
Ante
aquello, personal de Carabineros que adoptó el procedimiento no pudo
cerciorarse si la referida persona podía ser o no un eventual caso
positivo de Covid-19 o si es que debía permanecer en cuarentena. Tampoco
habría señalado tener un domicilio, encontrándose éste en situación de
calle.
A
raíz de lo anterior, el persecutor determinó que la circulación del
imputado por la vía pública representaba un eventual riesgo para la
salud de la comunidad, revelando además que ésta no ha sido la primera
vez que ha sido arrestado al no respetar lo dictado por la autoridad
sanitaria, sino que es la cuarta.
“Esta
es la cuarta ocasión en que el imputado es sorprendido infringiendo el
artículo 318 del Código Penal. La primera vez quedó citado, y en las
tres últimas veces no pasó a control y no pudo dar un domicilio.
Entendemos que tampoco su situación de salud se ha podido verificar
porque no tiene carnet de identidad, además que está indocumentado en el
país, sigue en la misma circunstancia de no respetar el toque de queda,
es bastante reacio. La única forma en que podríamos asegurar que él no
siga incurriendo en lo mismo es decretar la prisión preventiva”, fue el
principal argumento del fiscal Oliver Rammsy para solicitarle al
magistrado Pablo Miño decretar la medida cautelar más gravosa.
Por
otra parte, el defensor penal licitado Guillermo Ibacache, en sus
alegaciones, apuntó sus dardos en contra de la Gobernación Provincial de
Magallanes, indicando que en dicho organismo estatal no le han dado
ninguna solución a su representado y pidió oficiar para ver la
posibilidad de que Rivera Perlaza retorne a su natal Colombia.
Pese a aquello, el abogado reconoció que “no tengo más remedio que aceptar
la propuesta que hace la Fiscalía”, aunque condicionó que el plazo de
investigación sea el más acotado posible, estableciendo el juez de
garantía un plazo de 30 días para que se sustente la respectiva
investigación, dando orden de ingreso a la cárcel y ordenando que se le
realicen los exámenes de salud correspondientes.
La audiencia de control de detención se realizó por videoconferencia, donde se debatió la problemática del extranjero.