Tras
una extensa audiencia realizada en el Tribunal Oral en lo Penal de
Punta Arenas, donde se debatieron las medidas cautelares de los tres
imputados acusados del delito de homicidio en contra del joven natalino,
Gonzalo Muñoz del Campo, los jueces decidieron mantener la prisión
preventiva para uno de ellos y libertad para los otros dos acusados.
Fue
así que los jueces integrantes en la audiencia, Pablo Miño, Juan Villa y
Juan Pablo Peña, mantuvieron la prisión preventiva para el excarabinero
Miguel Delgado Velásquez, mientras que los otros dos acusados Pedro
Loncuante Loncuante y Sebastián Cáceres Alonso, le impusieron la medida
de arraigo nacional y firma mensual, lo que fue detallado por el
magistrado Pablo Miño: “Lo que se tuvo en consideración que los
antecedentes expuestos en esta audiencia, no resultaba tan claro que dos
de los imputados tuviesen una participación concreta en la agresión que
en definitiva le costó la vida al joven Gonzalo Muñoz, dada esa falta
de precisión, el tribunal estimó que la prisión preventiva era excesiva y
se podían asegurar los fines del proceso con otras cautelares. En este
caso los tres jueces estimamos que las cautelares eran suficientes, a
diferencia del tercer imputado que si habían antecedentes claros”.
El
abogado Mario Elgueta, quien representa al excarabinero Pedro Loncuante
Loncuante, quien en el primer juicio resultó absuelto de todo cargo,
señaló que “el tribunal analizó la petición de los intervinientes, y lo
que resolvió fue que si bien existen antecedentes, no es claro, no hay
elementos precisos, de acuerdo a los mismos antecedentes que presentó la
Fiscalía en relación a la participación de mi representado, por lo
tanto hay una visión del tribunal que no son tajantes esos antecedentes,
de lo que desde el principio, tanto en el juicio que fue absuelto mi
representado, como en las instancias que hemos discutido”.
En
el caso de Sebastián Cáceres Alonso, el civil amigo de los
excarabineros, tampoco se impuso la prisión preventiva que solicitaba la
Fiscalía. “Nosotros siempre tuvimos la convicción que estas medidas no
se podían alterar a la forma en que estaban, y si bien se aumentó en
relación a mi representado de una firma mensual ante la Fiscalía en
Puerto Natales, no tiene ningún tipo de intensidad, porque la acusación
en contra de Sebastián es muy débil, los testigos no lo sitúan en el
lugar que ocurrieron los hechos con Gonzalo Muñoz, y pretendemos en el
nuevo juicio confirmar aquello, y se logró que Sebastián no quede en
prisión preventiva”.
Por
su parte, el fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz, indicó que
“Nuestra idea era intensificar las cautelares y el tribunal estimó que
los antecedentes no eran suficientes de la medida de máxima intensidad,
nosotros estamos en condición de evaluar un recurso ante la Corte, ya
que para nosotros la medida idónea es la prisión preventiva, medida de
la cual se mantuvo para Miguel Delgado”.
Además
en la audiencia, todos los intervinientes estuvieron de acuerdo en
modificar la audiencia de juicio que estaba programada para el próximo
11 de marzo, sin embargo se cambió la fecha para el 2 de mayo próximo.
Los
hechos de la acusación de la Fiscalía da cuenta que alrededor de las 5
horas de la madrugada del 8 de julio del 2017, los amigos Sady Galindo
Soto, Gonzalo Muñoz del Campo y Víctor Hernández Saldivia salían desde
un bar, ubicado a dos cuadras de la Segunda Comisaría de Carabineros de
Puerto Natales. Allí se enfrentaron con un grupo con golpes de pies y
puños y, luego, con elementos contundentes, entre ellos el extintor de
un vehículo. La peor parte la sacó el joven Gonzalo Muñoz, a quien le
diagnosticaron fracturas extensas en su cráneo provocado por puntapiés y
golpes violentos en su cabeza, que lo mantuvieron en un estado
neurovegetativo hasta fallecer en mayo del año pasado. Ante esto, y tras
la investigación, se acusó a los imputados Pedro Loncuante Loncuante y
Miguel Antonio Delgado Velásquez (ambos ex carabineros) y el civil
Sebastián Alejandro Cáceres Alonso, todos por los delitos de homicidio
frustrado, lesiones graves y menos graves, donde se piden penas de más
de 10 años de cárcel.