Ante
esto, el abogado querellante Javier Opazo, señaló que “estamos
conformes, nos estamos incorporando como querellantes hace poco y esto
nos permite que se siga investigando los antecedentes y determinar si es
que se ha cometido el delito de esclavitud. Esperamos que la Fiscalía
se motive de manera enérgica para realizar diligencias pendientes y así
esperar que el Ministerio Público formalice”.
El
otro abogado querellante, Rodrigo Ortíz, indicó que “esta audiencia no
solamente se trató de diligencias pendientes y ahora se estimó que no se
cumplían los requisitos para sobreseer la causa. Ante esto no está
acreditado claramente la inocencia de los imputados y los hechos que
señala la defensa que no hay delito. La relevancia es que podemos
terminar sin presiones la investigación y luego que se reabriera luego
de estar cerrada por 6 años”.
La
abogada del Instituto de Derechos Humanos, Marlys Saldivia, dijo que
“el Instituto de Derechos Humanos en esa perspectiva nos querellamos en
delitos como el de trata de personas. En ese sentido somos querellantes
institucionales y estamos desde que se reabrió la investigación y
nuestra idea que atendida la gravedad se agoten las diligencias”.
En
el mes de junio pasado, en el mismo centro de justicia se reabrió la
causa en contra de un comerciante indio, denuncia que realizaron tres
mujeres indonesias, quienes alegan que fueron traídas engañadas a Punta
Arenas y no se le permitía tener contacto con familiares, entre otras
situaciones, como trabajar muchas horas sin tener días libres para
salir, contando que se le habría modificado el pasaporte cambiando su
edad, siendo menores de edad a la llegada a Chile. La investigación se
desarrolla desde el año 2011.