El
pasado martes 19 de mayo se comunicó por parte del Ministerio Público
que carecían de antecedentes suficientes para continuar con la
investigación penal que buscaba encontrar a presuntos responsables en la
muerte de Roxana Ruiz Rojo, joven madre porvenireña que falleció en
2015 a raíz de no existir un protocolo de aeroevacuación desde la
capital fueguina a Punta Arenas, además de la falta de atención y de
medicamentos necesarios al momento de dar a luz.
Cabe
recordar que los hechos ocurrieron alrededor de las 23.30 horas del 9
de agosto de ese año, cuando la paciente presentaba 37 semanas de
gestación. Debido a la falta de un profesional ginecólogo en Porvenir,
ella tenía que viajar periódicamente a realizar sus controles en Punta
Arenas. Sin embargo, el 7 de agosto la mujer concurrió hasta el Hospital
Marco Chamorro Iglesias aquejada de contracciones en la zona abdominal,
siendo atendida por un enfermero, quien indicó que era conveniente que
se traslade a la capital regional por no disponer de los medios para
efectuar una cesárea. Fue así que Ruiz Rojo perdió la vida al no poder
ser evacuada vía aérea, logrando sobrevivir su bebé quien está al
cuidado de sus abuelos.
Pese
a la determinación del ente persecutor, el abogado de la familia Juan
José Arcos insistió en su deseo de que la causa no se cierre, y a las 11
horas del martes se realizó una audiencia por videoconferencia con el
Juzgado de Letras y Garantías de Porvenir, instancia en que se determinó
la reapertura de la causa a fin de que se complemente el informe que
fue requerido en su momento al Departamento de Negligencias Médicas en
Santiago, para lo cual se otorgó un plazo de seis meses.
“Estas
diligencias guardan relación con ciertos elementos que buscan armonizar
lo que falló en su momento la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que
estableció una circunstancia donde efectivamente se determina una
diligencia administrativa y establece una sanción civil o indemnización
que sobrepasa los cien millones de pesos, y por otro lado la decisión de
no perseverar de la Fiscalía donde señalaba que no habían antecedentes
suficientes para poder imputar cargos a alguna persona en el tema
penal”, detalló Arcos.
La
segunda semana de abril de este año la Corte de Apelaciones confirmó la
sentencia del Juzgado Civil por negligencia médica, ordenando el pago
de una indemnización por 134 millones de pesos.
Asimismo,
el profesional letrado destacó la importancia que ha tenido el
desarrollo de este emblemático caso puesto que –según afirmó- ha
permitido cambiar protocolos de instituciones públicas como en el
Servicio de Salud Magallanes, y lograr que actualmente exista un avión
para aeroevacuaciones médicas en la Región de Magallanes, problemática
que fue constantemente solicitada por diversos movimientos y
agrupaciones con la finalidad de subsanar esta situación que originó
muchas muertes en el pasado por falta de un traslado oportuno.
“Sobre
el particular no podemos olvidar que posterior de estos hechos tan
lamentables se cambió el protocolo de emergencias de Porvenir, y a
partir de este año se instauró por parte del Ministerio de Salud un
avión ambulancia que es el que opera en los distintos puntos de la
región y que tiene una base en la ciudad de Punta Arenas, el que ha
salvado muchísimas vidas ya que está haciendo constantemente
aeroevacuaciones, y por otro lado, se estableció un cambio en los
sistemas de tratamiento para los casos urgentes en Porvenir”, manifestó.
Bajo
el mismo tenor, el padre de la malograda madre Miguel Ruiz conversó con
Pingüino Multimedia, exteriorizando su esperanza y convicción en que
las instituciones realmente funcionen, se haga justicia y se logre, de
una vez por todas, encontrar responsabilidades directas en el deceso de
su hija.
“El
tribunal hizo lo que correspondía porque aquí la Fiscalía tomó una
decisión que no era la adecuada, y tendrá que acogerse junto con el
fiscal regional a este dictamen que dieron los jueces. Esperamos que en
estos seis meses se haga mención a lo que entregamos como información.
Hay datos que son súper primordiales como lo que entregó el perito
forense, donde acentúa que la media hora en que ella llegó a urgencia
del Hospital de Porvenir debieron haber tomado de inmediato la
determinación de haber procedido con el parto y no haber jugado durante
tres horas con una incertidumbre y una incapacidad de cada uno de los
que estaban involucrados en esa tarea de haberlo hecho tan mal, y además
no tenían los medios adecuados como un médico ginecólogo o un
anestesista y no tener un anticoagulante adecuado”, puntualizó.