Un
millonario robo de teléfonos celulares ocurrido el año 2013 en un
céntrico local de Punta Arenas, se encuentra en un proceso final, donde
al menos veinte personas investigadas comparecieron ayer al Juzgado de
Garantía llegando a un acuerdo.
La
fiscal Alejandra Guevara decidió tras el proceso investigativo
formalizar a tres imputados por el delito de receptación, mientras que
otros 17 imputados -según la representante del Ministerio Público- no
reunían los antecedentes necesarios para que su actuar sea considerado
como delito. “En esta causa hubo gran cantidad de imputados a lo largo
de la investigación policial, de los cuales algunos se pudo determinar
que no tenían en sus actuaciones elementos delictuales, por lo tanto se
pidió el sobreseimiento definitivo por el tema de principio de
objetividad que nos rige como Fiscalía y esto fue decretado en varias de
estas personas, mientras que otros no asistieron y tienen derecho a ser
oídas. Algunos de los imputados fueron formalizados y se llegó a
acuerdos reparatorios con el dueño de la empresa, restando la causa de
algunos imputados, lo que se verá el día 4 de septiembre. Las personas
que comparecieron hoy enfrentaban cargos por el delito de receptación y
básicamente adquirir a través de Internet y por el mecanismo informal
conociendo el origen ilícito de la especie, en este caso teléfonos
robados, que adquirían a un valor menor al comercial, incluso a un 80%
de menor precio. Algunos de estos equipos eran bloqueados y se les
informaba que eran robados”.
De
acuerdo a la audiencia de formalización, se indicó que durante el año
2013, sin determinación de fechas, se produjo la sustracción de 230
teléfonos celulares desde la empresa Magacel, ubicada en calle Bories
N°788, avaluados en 39 millones de pesos. Tras la denuncia del afectado
se inicio una investigación policial, la que determinó que ciertos
equipos estaban habilitados.
Fue
así que el 12 de diciembre del año 2013, tras las indagaciones de
personal de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, se determinó
que el imputado Nicolás Torres Gallardo mantenía en su poder uno de los
celulares sustraídos, un Iphone 4, el que mantenía en su domicilio, y
según los antecedentes el detenido conocía el origen de la especie que
adquirió a un valor de 150 mil pesos, menor al comercializado
legalmente. De esta manera se le indicó que se le investigó por el
delito de receptación.
El
segundo imputado formalizado por el delito de receptación fue Marcelo
Barraza Urzúa, quien fue detenido por personal de la PDI el 3 de
diciembre de 2013, cuando la BIRO detectó que mantenía en su poder un
teléfono Iphone 5, por el que canceló 240 mil pesos, lo que significó un
menor valor al del comercio establecido.
Por
último, Sergio Gallardo Vera también fue formalizado por el delito de
receptación, luego que el 28 de noviembre del año pasado se le
encontrara en su poder un teléfono celular Iphone 4, por el que canceló
un valor menor al comercial, adquirido de manera informal hasta ser
sorprendido por la policía.
Los
tres involucrados en el hecho en la audiencia pidieron disculpas
públicas al afectado, además de renunciar al aparato en cuestión
sobreseyéndose la causa.
Por
su parte, la fiscal Alejandra Guevara decidió sobreseer a 17 personas
que fueron investigadas, señalando que tras el trabajo policial, se
determinó que ninguno presenta algún elemento que lo involucre en el
delito.
Respecto
a las otras personas faltantes, se fijó una audiencia para el 4 de
septiembre, donde se debatirá la formalización de la investigación y el
sobreseimiento de la causa.
El
abogado defensor Pablo Santander, señaló que “estos celulares fueron
ubicados en forma gradual, además de ello algunas personas fueron
entregados a Carabineros ya que se fueron bloqueando. Por no conocer el
origen ilícito del equipo algunas personas fueron sobreseidas. Faltan
algunas personas para formalizar que se fijó nueva fecha