Veintiocho
psicopedagogos de Punta Arenas decidieron llevar sus demandas hasta los
tribunales de Justicia, ante lo cual presentaron una tutela laboral por
vulneración de derechos en contra de la Corporación Municipal de Punta
Arenas (Cormupa).
Según
la acción judicial presentada por el abogado Pedro Venegas
Villavicencio, de la oficina Silva & Venegas, señala que dedujo una
denuncia de tutela laboral y demás prestaciones en contra de la
Corporación Municipal de Punta Arenas para la educación, salud y
atención al menor, representada legalmente por Segundo Álvarez Sánchez.
Los
denunciantes, son todos trabajadores de la denunciada, contratados en
calidad de psicopedagogos, ejerciendo labores en distintos
establecimientos educacionales pertenecientes de la Cormupa, en la
ciudad de Punta Arenas. Se señala que los incumplimientos permanentes de
los derechos laborales, en especial en el pago oportuno y eficaz de las
cotizaciones de seguridad social, AFP, Fonasa e Isapre, y AFC CHILE
S.A, se encuentran con sus cotizaciones atrasadas, teniendo problemas en
obtener créditos de consumo e hipotecarios, toda vez que no cumplen con
el perfil del banco en tener las cotizaciones previsionales pagadas, y
lagunas de cotizaciones, problemas que se repiten al momento de la
obtención de bonos de Isapre o Fonasa.
En
este sentido, dentro de los 28 demandantes, Sara Reyes Cossio,
directora nacional del Colegio de Psicopedagogos, señaló que “el
objetivo de la demanda que en efectos legales es representada por don
Segundo Álvarez, quien no ha tomado contacto con nuestro sindicato y
nuestro abogado, por lo cual no hemos llegado a ninguna conciliación,
decidiendo tomar estas acciones legales.
Se ha incurrido en graves
faltas por no pagarnos nuestras cotizaciones, hace descuentos legales
por prestamos de colegas que se encuentran en Dicom, las AFP no nos
cancela, y una serie de hechos como el contrato, ya que muchos colegas
que sacaron su títularidad docente porque en un principio se indicó que
no podíamos tener esos contratos y éramos asistentes de la educación. En
función de aquello reclamamos nuestros derechos. Tras esto comenzó una
seguidilla de actos como menoscabándonos, donde varios colegas han
denunciado situaciones complejas dentro de su ámbito laboral en sus
establecimientos”.
Fue así que la dirigenta agregó que “nuestro empleador ha llevado muy mal el tema, y vimos que era demasiado y decidimos
presentar esta acción legal para que responda. Esto se arrastra desde
el 2015, ahí no nos querían hacer el contrato y al interponer una
demanda el 2017 se vieron obligados a reconocer que somos asistentes y
no nos han hecho contrato y nos no reconocen los años. Han cuestionado
nuestro accionar en lo profesional, por lo tanto buscamos que ellos
respondan como empleadores, y muchos han debido soportar malas prácticas
laborales.
Otra cosa que ellos no nos pueden obligar a estudiar otra
carrera como educación diferencial para poder estar en un programa de
integración, que se atienden todas las necesidades, pero vemos que
existe una tozudez, y que lamentablemente la administración anterior se
equivocó en la forma de contrato, pero insisten en que fuimos
contratados para algo diferente y nos envían a cumplir otras funciones”.
Con
todos estos antecedentes, la demanda en contra de la Corporación
Municipal de Punta Arenas, pide que se condene a la denunciada al pago
de una indemnización por daño moral, por la suma de $ 20 millones por
cada uno de los demandantes, además que se condene a la denunciada al
pago de una multa, equivalente a 100 UTM, que también se reconozca y se
establezca la misma remuneración entre otros profesionales de la
educación como psicólogos y fonoaudiólogos.