Continúa
la polémica por lo ocurrido hace algunos días en la Seremi de
Desarrollo Social y Familia, en donde el seremi Danilo Mimica, había
desvinculado a una funcionaria embarazada y a otra funcionaria
denunciando acoso laboral.
Los
hechos dejaron en evidencia el silencio de las autoridades “feministas”
y cómo algunos gremios simplemente hicieron oídos sordos a una
situación que denigraba a una funcionaria pública. Y además la ANEF, que
tiene como función velar por los derechos de los trabajadores públicos,
no defendió a la funcionaria y entregó información de carácter privado.
Mediante un comunicado, las denunciantes se refirieron a los hechos.
“Hace
unos días dimos a conocer situaciones de acoso y vulneraciones a
derechos fundamentales que están aconteciendo al interior de la Seremi
de Desarrollo Social y Familia a cargo de Danilo Mimica, y que muchos
están en proceso de investigación y otros son materia judicialízada. En
la misiva que dimos a conocer a la opinión pública, también indicamos
desvinculaciones que ocurrieron el 1 de diciembre en el cual, uno ya se
encuentra en manos de Contraloría para revisar que se ajuste a derecho, y
el caso de la funcionaria que fue desvinculada estando embarazada de 23
semanas”.
Explican
que cuando hicieron la denuncian “quisimos resguardar nuestras
identidades para no ser sindicalizadas y juzgadas, sin embargo, la
información que se entregó a la comunidad por parte de la ANEF, que si
bien es cierto no pertenecemos al gremio, vulneró y violentó aún mas la
situación, con detalles personales y de la vida privada de la
funcionaria que reveló su estado de gravidez, y que al parecer la
persona que emitió este comunicado carece de idoneidad para proteger
antecedentes de la vida privada de las personas. A partir de esta
información, todas las autoridades regionales y nacionales que han
emitido declaraciones públicas han reforzado dichos antecedentes siendo
la afectada vulnerada brutalmente, entregando información que carece de
veracidad, como por ejemplo, que el secretario regional no sabía de su
estado de embarazo, que se encontraba 6 meses en teletrabajo, que el
acto administrativo se retrotrajo inmediatamente y que no fue notificada
de su desvinculación”.
Las
funcionarias hacen recuerdo en la misiva de lo que señala la Dirección
del Trabajo, respecto del resguardo de información ”Ningún empleador
puede condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o
renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la
ausencia o existencia del embarazo, ni exigir para dichos fines
certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no
embarazada”.
Las
funcionarias agregan que “mucho se ha dicho que la autoridad no estaba
en conocimiento, lo que falta a la verdad ya que la funcionaria en plena
notificación junto a una Ministra de Fe, indica su estado de gravidez
de 23 semanas e indica que no había
informado por miedo a ser juzgada debido a los graves acontecimientos
que han ocurrido y que actualmente tiene en un litigio judicial al
secretario regional. Aún así y en conocimiento de esta información
notifica y hace firmar su resolución de no renovación, e indica que no
sabe los pasos a seguir y que consultará a nivel central sin entregar
certezas de que se retrotraiga su situación contractual, acto que se
materializó recién el 2 de diciembre pasadas las 16:00 horas”.
En
el comunicado las funcionarias lamentan cómo se ha normalizado los
actos de vulneración. “Trece funcionarias de la repartición plenamente
identificadas y la Asociación
de Funcionarios de dicha repartición, emiten un comunicado de respaldo
al secretario regional indicando que no han presenciado ni tampoco se
han visto expuestas a situaciones como las descritas, además de no
sentirse vulneradas por parte de la actual autoridad regional y que
tampoco les constan los hechos denunciado, además de manifestar que
conocen los canales para realizar denuncias a vulneraciones de derechos.
Estas declaraciones dejan entrever la normalización de actos
vulneratorios dentro del servicio, situaciones que hace un par meses
resolvió la destitución de un funcionario por maltrato laboral,
situaciones que tampoco les constaban, pero que arrojó una contundente
medida disciplinaria. En esta oportunidad nuevamente ponen en tela de
juicio las denuncias que se encuentran debidamente justificadas y de las
cuales ellas no deberían por qué estar en conocimiento porque son y
serán materia judicial, al igual que el presente comunicado que
consideramos violento y que
atenta gravemente al descrédito de nuestra honra y dignidad, afectando
nuestra situación laboral y oportunidades en el empleo lo que quedará
consignado en manos de la justicia”.