“Me
gustaría saber qué pasó con ese trabajo de inteligencia, porque en las
investigaciones y en las instrucciones para traer las pruebas concretas
de participación hasta ahora no ha habido resultado”, fue la frase que
pronunció el fiscal Felipe Aguirre, jefe de la Unidad de Análisis
Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) del ente persecutor, tras ser
consultado por los hechos de vandalismo perpetrados en contra de las
dependencias de la Fiscalía Regional, en el contexto de los desmanes
tras las manifestaciones por el estallido social, de los cuales el más
violento se registró la noche del 10 de enero.
Y
precisamente ese “trabajo de inteligencia” al que alude el persecutor,
fue el pretexto que comunicaron tanto las autoridades policiales que se
arrastra desde cuando estaba el general Roberto Machuca como jefe de la
Duodécima Zona de Carabineros, a quien le tocó enfrentar el inicio de
las protestas como también el eslogan de casi todos los estáticos
discursos pauteados que leía el intendente José Fernández en sus
reportes diarios de contingencia. Sin embargo, a casi cinco meses de
aquel violento ataque, aún no existirían medios probatorios concretos
para imputar cargos a alguna persona que haya participado en los
desmanes.
En
este aspecto, tres abogados magallánicos quisieron opinar sobre los
dichos del fiscal Aguirre, aventurándose a analizar desde sus puntos de
vista, sobre cuál o cuáles son las raíces que nutren la complejidad de
la labor investigativa que ha impedido hallar responsables en estos
casos. Además, cabe recalcar que tras ser consultados, tanto desde
Carabineros como de la PDI prefirieron no referirse a estas
declaraciones.
Claudio Morán: “El problema de seguridad pública e institucional tiene nombre y apellido, se llama Sebastián Piñera”.
El
abogado Claudio Morán aseveró que la situación de insurrección social
podría tener el eslogan de que “en Chile las instituciones no funcionan,
y además están en proceso de demolición”. Bajo este contexto, lanzó sus
dardos contra la gestión del gobierno central, cuyas políticas y
administración habrían “renunciado a combatir la subversión y a tener un
aparataje de inteligencia que le permita luchar contra el terrorismo
organizado”.
“No
se les puede pedir a las policías a nivel local lo que a nivel nacional
está prohibido, porque este gobierno decidió no hacer una labor de
inteligencia con mayúsculas, ya que además tienen pactos secretos con la
subversión del orden y la destrucción de la institucionalidad
constitucional. Yo no lo veo como una crítica de la Fiscalía
directamente a Carabineros, sino que es al gobierno. El problema de
seguridad pública e institucional tiene nombre y apellido, se llama
Sebastián Piñera. El gobierno premeditadamente se entregó a la
subversión y no pretende perseguirla ni sancionarla, y en consecuencia
no le permite a las policías ni a ningún organismo del Estado realizar
una labor seria en esto. Esto no va a tener solución y no va a pasar
absolutamente nada, porque esa es la realidad de Chile”, esgrimió.
Mario Esquivel: “Es probable que la mayoría de los daños y delitos que perpetraron los vándalos queden impunes”.
Por
otra parte, el abogado Mario Esquivel entiende que tanto el Ministerio
Público como las policías estén “sobrepasadas” ante un delito de difícil
persecución penal, pero acotó desde su experiencia que no solamente
existen las pruebas audiovisuales para poder detectar si es que alguien
ejecutó algún ilícito, sino que existen –dijo- “las pruebas
testimoniales, las que se pueden encontrar por las redes sociales como
Facebook”.
“Entiendo
que el colega Juan José Arcos presentó una querella extremadamente
detallada, incluso indicando números de celular y cuentas de Facebook de
cada uno de los dirigentes que convocaron a estas movilizaciones
violentas. Se entiende que haya cierta impotencia en la inteligencia
policial o en la Fiscalía por el hecho de que los videos no están,
porque esta gente rompió las cámaras, pero no se puede pretender echarle
la culpa a la inteligencia de Carabineros si las cámaras fueron
destruidas. Es probable que la mayoría de los daños y delitos que
perpetraron los vándalos queden impunes”, reconoció.
Dagoberto Reinuava: “El organizar una sección o trabajo de inteligencia policial es bastante complejo”
En
relación con la persecución de los delitos cometidos durante el
estallido social, el abogado socio de www.defensasmagallanes.cl y
experto en materias públicas, Dagoberto Reinuava plantea
que se deben considerar dos variables: que la forma de comisión es en
grupo y amparados en la protesta pacífica de una gran cantidad de
personas, desde la cual se descolgaban grupos violentos a rostro
cubierto, de manera
tal que los testimonios gráficos de las cámaras de seguridad, videos u
otros no resultan idóneos para la identificación precisa de los
participantes En segundo lugar, la alta exigencia de convencimiento del
sistema judicial penal chileno para condenar a las personas por un delito, “más allá de toda duda razonable”.
“Me
llama profundamente la atención la sinceridad de la afirmación del
Fiscal Aguirre. Y creo que es importante no dejarla pasar, pues es
valiosa. La persecución de estos hechos, requiere efectivamente la
función de inteligencia policial la que consiste en la recolección,
proceso y análisis de datos e información, en este caso relacionada con
las actividades de personas, grupos y organizaciones que afectaron al
orden, propiedad y seguridad pública. Tal actividad requiere insumos
tanto en personal como tecnología y al parecer, es una función que hoy
se ha aplazado por la urgencia de otras situaciones que nos afectan”,
sostuvo.
Finalmente,
recalcó que “no basta solo la educación policial básica para trabajar
en inteligencia, sino que además requiere una formación adicional. Por
esta razón, el organizar una sección o trabajo de inteligencia policial,
incluso a nivel regional, es bastante complejo”.