Una escena tan dura como injusta se vivió este viernes cuando residentes de la Residencia Vida Austral —adultos mayores con más de años, dificultades de movilidad y años de vida entregados al desarrollo del país— tuvieron que trasladarse hasta la Casa del presidente y las oficinas de Senama en Punta Arenas para exigir el cumplimiento de compromisos estatales que hoy se encuentran abandonados.
Lo que para muchos debería ser un derecho básico, para ellos se ha transformado en una lucha desgastante y dolorosa.
Abandono Institucional y Deuda Insostenible
Gabriela Sandoval, directora ejecutiva de la Residencia Vida Austral, explicó que la situación llegó a un punto crítico debido a la falta de respuestas y al incumplimiento de compromisos asumidos por Senama y Fonasa.
“Presentamos un recurso de protección porque Senama no cumplió lo que prometió. Y Fonasa, que aseguró el pago de retroactivos, ahora nos informa que esos recursos ya no existen. Esto nos deja completamente abandonados”, señaló Sandoval.
La fundación, que es sin fines de lucro y depende del Estado, arrastra una deuda familiar de millones de pesos que esperaban saldar con los fondos comprometidos. A esto se sumará, el 30 de noviembre, el pago de sueldos, lo que vuelve la situación insostenible.
La Indignación de los Residentes
Lo más indignante ocurrió hoy: los propios residentes, algunos viviendo allí desde 2006, decidieron acompañar a las directoras a entregar la carta. Personas mayores, varias con dificultades para caminar, expuestas al frío y a su delicado estado de salud, tuvieron que salir a la calle a mendigar recursos que el Estado les debe por derecho.
Susan González, directora técnica de la residencia, describió así el momento: “Ellos vinieron porque sienten que su hogar está en riesgo. Pero siempre se invisibiliza lo que sienten las personas mayores. Hoy tuvieron que exigir lo que les corresponde, como si estuvieran pidiendo un favor. Es inhumano.”
La indignación crece también porque varias autoridades regionales prometieron en septiembre que visitarían la residencia y buscarían soluciones, pero ninguna ha cumplido.
“No puede ser que personas mayores tengan que salir a pedir recursos que el mismo Estado les prometió. Es indignante, es inhumano y es una falta de respeto a sus derechos”, concluyeron las directoras.
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