La importancia de regular los procedimientos de la Seguridad Municipal dentro de la normativa legal vigente, los límites en su accionar y la protección jurídica a los funcionarios (as), abordó un reciente diálogo de seguridad ciudadana, el cual se desarrolló en dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería, donde se resolvieron dudas a través del análisis de casos específicos que se expusieron. Dicha instancia, surge en el marco del trabajo de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal y fue liderada por la seremi de Justicia y DD.HH de Magallanes, Michelle Peutat Alvarado, en virtud de una solicitud recibida por parte de Seguridad Municipal de la Municipalidad de Punta Arenas, referida a conocer la opinión de expertos (as) penales a nivel regional sobre los límites de las detenciones en flagrancia más conocidas como “detenciones ciudadanas”.
El objetivo de la actividad fue conocer y profundizar las atribuciones y los límites que establece la ley en torno a sus funciones, entendiendo que hay situaciones que eventualmente pueden acarrear la declaración de la detención como ilegal afectando la persecución penal de algunos delitos e, incluso, pueden acarrear responsabilidades penales para los funcionarios de Seguridad Municipal.
Para ello, se contó con la presencia de la coordinadora de Seguridad Pública de Magallanes, Carla Barrientos; el magistrado Julio Álvarez del Tribunal Oral en lo Penal; el mayor Francisco Arévalo, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas; Rodrigo Lillo, jefe de Estudios de la Defensoría Regional; Romina Moscoso, fiscala del Ministerio Público; y Hans Monroy, asesor jurídico de la PDI.
Como una reunión bastante provechosa, calificó esta instancia el director de Seguridad Pública del municipio, Alejandro Tobar, al permitirles ampliar su perspectiva en torno a su accionar. Expresó que participan como organismo en múltiples procedimientos en un ámbito preventivo, ya que no son una policía municipal, ni pretenden reemplazar a las policías, las cuales ven aquellos hechos de mayor connotación social. En concreto, colaboran en un control disuasivo y preventivo, en una suerte de “segunda línea”.