El 2 de marzo de 2023, el Presidente Gabriel Boric, promulgó la Ley N° 21.545, conocida como “Ley TEA”, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación.
Ya a casi 9 meses de la publicación en el Diario Oficial de esta ley, ha habido ciertas dificultades para la aplicabilidad de dicha ley, en diversos aspectos y es así que surgen, por ejemplo, las siguientes interrogantes: ¿estábamos preparados como sociedad para tener la sensibilidad y concientización necesaria para entender lo que conlleva en sí, desde la más profunda esencia, abordar la temática del trastorno del espectro autista (TEA)?, los establecimientos educacionales, ¿contaban con la logística requerida para una real integración del alumnado que presentan este trastorno?.
Al parecer, la puesta en marcha de la ley, ha dejado en evidencia las falencias estructurales de los sistemas de salud, educación y sociedad en general para lograr una real inclusión y asegurar los derechos mínimos de este grupo, donde no se anticipó el rápido aumento niños y niñas con sospecha y confirmación diagnóstica, junto con ello, familias que eran informadas del diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista se enfrentaban a una serie de situaciones adversas que impactaron en la calidad de vida de estas familias, con un aumento del stress familiar, estigma social y ausencia de oferta pública pertinente a la condición.
Con el fin de indagar sobre cómo se he desarrollado a modo general la aplicabilidad de la ley en Magallanes, Loreto Gálvez, sicóloga integrante del equipo técnico de la Fundación TEAbrazo Magallanes, entregó a Diario El Pingüino, su visión.
De acuerdo con la profesional, recién se está viendo la bajada de información desde el área de educación y, en este sentido, hace menos de un mes que estaría en proceso, por lo que se han producido vulneraciones de niños con discapacidad en establecimientos educacionales. “Siento que no estamos preparados porque hoy, de hecho, existe un incremento de denuncias a nivel nacional en la Superintendencia de Educación, las cuales ascienden a un 30% en el presente año, por concepto de vulneración de derechos en niños con discapacidad, entre ellos TEA, lo que obliga a la necesidad de educar con suma urgencia en la temática, puesto que no se ha hecho”, destacó.
Profesionales capacitados
Ahora bien, ¿qué acciones debiesen adoptarse para enmendar el rumbo?
Gálvez hace un llamado a las autoridades de la región, principalmente porque sería mucho el desconocimiento que hay incluso en los profesionales de los programas de integración, sosteniendo que “se firmó un convenio con el Gobernador (Flies), donde no hemos tenido respuesta para poder contratar a profesionales capacitados en la materia; se entregaron 27 cartas de personas, de madres y padres de niños vulnerados donde no hemos tenido respuesta. Necesitamos con urgencia más de ellos, más presencia en los establecimientos y que, las autoridades insistan en que debe haber capacitación. Punta Arenas es la región que tiene más autistas en los sistemas educativos”.
La sicóloga hace hincapié en cuanto a que, en la Superintendencia, como sistema, tiene una dotación muy pequeña y no estaría dando abasto con el equipo técnico existente, a fin de responder a tanta necesidad, en este caso debido a las denuncias, entonces lo único que se consigue es que el sostenedor reciba un castigo de carácter económico. Sin embargo, el vulnerador queda en el sistema de acuerdo con la voluntad del sostenedor. La Superintendencia no puede obligar a un colegio a despedir a quien haya ejercido vulneración”.
Desafíos
Los desafíos en torno a la aplicabilidad de esta ley son altos, no obstante, “más allá de que exista una ley, que agradecemos como padres y cuidadores de personas que tienen el espectro de trastorno autista, aquí falta equipo técnico para dar bajada a la información”, concluye Gálvez.
Conocer la condición TEA y otras, debe ser una responsabilidad social e individual, ya que esto permitiría avanzar hacia una sociedad inclusiva y garante de derechos, pues al ser conscientes de ello, nos hacemos directamente responsables de otorgar un trato de respeto y con verdadero sentido de inclusión social.