La
Contraloría General de la República validó la otorgación de concesiones
acuícolas en la Reserva Nacional Kawésqar. Sin embargo, en su dictamen
el organismo estableció que esta actividad “se realizaría en las zonas
marítimas que forman parte de estas áreas y que únicamente su desarrollo
puede ser autorizado en la medida que dichas iniciativas sean
compatibles con los objetivos de conservación y protección ambiental en
el área”.
Al
respecto, el seremi de Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, aseguró
que esta área actualmente está bajo la administración de la Corporación
Nacional Forestal (Conaf), entidad que está liderando el desarrollo del
plan de manejo de dicha reserva por medio de un proceso participativo.
Se han otorgado concesiones
No
obstante, indicó que después de la creación de la reserva nacional
propiamente tal, ya se han presentado a evaluación de impacto ambiental
algunos proyectos acuícolas, los que han sido admitidos a trámite por el
Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) bajo la modalidad de Declaración
de Impacto Ambiental y que en la actualidad se encuentran en proceso de
evaluación para su posterior operatividad en el lugar.
“Aún
no existe ninguna definición respecto de la viabilidad ambiental de
estos proyectos ya que todos ellos se encuentran en fase de evaluación,
por lo que son revisados por los organismos públicos competentes, entre
los que se encuentra Conaf, conforme a sus áreas de responsabilidad y
emiten su pronunciamiento”, sostuvo por medio de un comunicado.
Cabe
señalar que a mediados de diciembre del año 2019, la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de protección interpuesto
en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, el que buscaba impedir
la admisibilidad de proyectos acuícolas en el sitio en cuestión, por
carecer ésta del respectivo plan de manejo y los objetos de conservación
definidos para dicha área protegida. Posteriormente, el 5 mayo de este
año, la Corte Suprema ratificó el fallo del máximo tribunal magallánico.
El ejemplo de Nova Austral
En
este sentido, el director regional de la corporación, Mauricio Véjar,
explicó que “esto quiere decir que no es necesario tener aún el plan de
manejo por parte de Conaf para esa área protegida, y no impide que los
proyectos sean sometidos a evaluación de impacto ambiental o al sistema.
Acá los organismos con competencia ambiental, donde el Sea es el que
coordina, son los que tienen que exigir las condiciones para los
proyectos que están en evaluación en estos momentos”.
Consultado
respecto a si este tipo de actividades, ante una falta de
fiscalización, pudiese detonar algo similar con lo que sucedió con la
empresa Nova Austral, cuando el año pasado se reveló que adulteraron con
maquinaria pesada el fondo marino para esconder la condición anaeróbica
del mismo y así volver a sembrar salmones en espacios marinos
biológicamente deteriorados, Véjar aclaró que los proyectos y a quienes
se les otorguen concesiones “deben tener los mayores estándares de
seguridad para poder operar y ser una actividad amigable con el
medioambiente por lo que todas las sanciones que determinen las
instancias respectivas, tienen que aplicarse con el máximo rigor, eso no
se discute”.
“Aún
no existe ninguna definición respecto de la viabilidad ambiental de
estos proyectos ya que todos ellos se encuentran en fase de evaluación”,
precisó el seremi.