Emulando al movimiento ciudadano surgido en Francia a principios de noviembre de 2018, los “chalecos amarillos” arribaron a Punta Arenas de la mano del reclamo sectorial de las industrias acuícola y del carbón, los que consideran una amenaza al desarrollo productivo de sus respectivos sectores los recientes pronunciamientos judiciales que han determinado que, es el medio ambiente el que corre peligro si continúan las actuales prácticas empleadas por las empresas de este tipo.
A diferencia de las protestas en el país europeo, donde las demandas y sus defensores atravesaban a los intereses de toda la sociedad francesa, junto al Estrecho de Magallanes, la situación está algo más cargada a un sector más específico de la economía.
De cualquier manera, la caravana convocada por el Comité de defensa de Magallanes (Codema), logró reunir a miles de personas, impensado para muchos y para sorpresa de otros tantos, como para los que en la previa se dedicaron a difundir comunicados contrarios al sentido de los reclamos.
La cantidad de vehículos y adherentes a la marcha del pasado fin de semana, contados en varios cientos, no fue lo único que llamó la atención, también lo hicieron algunos nombres asistentes y también las ausencias.
Por el lado de los primeros, algunos reconocidos militantes de partidos de la ex Nueva Mayoría, consejeros y ex consejeros regionales, salieron a prestarles ropa a salmoneros y carboneros. Para muchos una reacción oportunista con el único propósito de ganar voluntades poniéndose del lado de la gente, para otros, una legítima expresión de descontento y apoyo a los convocantes.
La fotografía resultó al menos curiosa o llamativa.
El CORE Antonio Bradasic y la ex consejera Patricia Vargas se vieron activos en la protesta. Posteriormente, otros representantes regionales hicieron lo propio durante la última sesión, calzándose los llamativos chalecos. El ex alcalde Emilio Boccazzi, fue uno de ellos.
En silencio o desde el costado de la calle, otros tantos adhirieron de manera más anónima, quizás para no opacar a los portadores de las banderas.
Los que paradójicamente no aparecieron, pero sí fueron recordados (no siempre de la mejor forma), fueron los parlamentarios magallánicos.
Ni a favor ni en contra, salvo la senadora Carolina Goic que ha sido expresamente contraria al cultivo de salmones y a la extracción de carbón, del resto, poco o nada se conoce su posición al respecto.
Por ese mismo mutismo, ausentismo e indiferencia, los que el pasado domingo ocuparon masivamente la plaza de armas, les dedicaron algunos mensajes recordándoles su misión y compromiso con la gente que los votó.
Cautela o especulación, lo cierto es que no apareció ni otro congresista.
La situación es compleja si hablamos de unos 6 mil puestos de trabajo que se podrían perder si empresas como Mina Invierno o Nova Austral deben suspender sus actividades en Magallanes por determinación judicial.
En el caso de la compañía del carbón, se habla de aproximadamente un 20 por ciento del Producto Bruto Interno regional, cifra que no necesita mayor análisis al momento de valorar su importancia.
El escenario en términos laborales no sería nada bueno para las familias magallánicas y eso lo saben muy bien desde el Gobierno.
Prueba de ello es la reciente estadía en la región del Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas. Prudente y correcto en sus expresiones, el funcionario dijo esperar una solución judicial favorable a las industrias, aunque dentro de los márgenes ambientales admisibles con el menor impacto posible.
En el plano local, el intendente José Fernández recibió a los miembros de Codema para escuchar sus opiniones y el petitorio donde, por supuesto, se defiende a las salmoneras y a la extracción de carbón.
La preocupación y ocupación de las autoridades locales y nacionales ha sido manifestada desde un primer momento. Se sabe, no quieren un aumento del desempleo, el cierre de la producción local ni el estancamiento de la dinámica economía regional, pero al mismo tiempo, son respetuosos de las decisiones judiciales, sin contar que, el resguardo del medio ambiente y su biodiversidad es una obligación para cualquiera.
Mientras ambientalistas y “chalecos amarillos” parecen seguir en posiciones radicalmente distantes, la pregunta sobre cómo seguirá desarrollándose el debate es todo una incógnita, al menos para el ciudadano común que observa como por un lado, organizaciones ambientalistas, criollas e internacionales siguen intentando imponer su propia visión de cómo debe ser el desarrollo regional, por su parte, empresarios, gremialistas y trabajadores, han empezado a alzar la voz con sus propios argumentos y herramientas buscando se les respete la autonomía en la toma de decisiones que afectan a los magallánicos y magallánicas.
Entre ese debate, la población quizás deberá también seguir esperando otro tiempo más para conocer la posición de sus parlamentarios que hasta el momento han elegido mantenerse al margen de una discusión que también les afecta, pero tal vez no tanto como para presentarse frente a los electores con una propuesta que avance hacia una solución que considere la opinión de todos los actores involucrados.
Finalmente, en medio de los fuegos están la estabilidad laboral de miles de hombres y mujeres que solo esperan seguir haciendo su pega en un ambiente de seguridad que les permita proyectarse y al mismo tiempo, el anhelo de lo que se espera para la región en el tiempo en cuanto a su desarrollo productivo.