La mañana de ayer, el Ministerio Público formalizó a un
hombre que fue acusado por el delito de abuso sexual reiterado con y
sin contacto corporal en contra de su propia hija, hechos que ocurrieron
durante tres años consecutivos.
Según
los antecedentes expuestos por la fiscal Wendoline Acuña, durante los
años 2009 a 2012, cuando la víctima tenía de entre 6 a 8 años de edad,
ésta solía visitar los fines de semana a su padre de iniciales J.C.R.B
en su domicilio ubicado en calle Errázuriz, y aprovechando cada instante
que quedaba sola con la niña, debido a que su conviviente salía a
trabajar, éste realizaba actos de significación sexual, sin que la niña
comprendiera el actuar y las conductas impropias de su padre.
En
otras ocasiones, el individuo le mostraba sus genitales a la menor y la
obligaba a observar videos pornográficos. En este caso, se indicó que
la víctima recordaba la primera vez que su padre se comportó de esta
forma, momento en que estaba en estado de ebriedad.
Por
estos hechos, la persecutora invocó la circunstancia agravante de
parentesco y solicitó al magistrado Cristián Armijo decretar la medida
cautelar de prisión preventiva, al considerar que la libertad del
imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Para
sustentar dicha petición, la fiscal dio a conocer un informe que
remitió una profesional psiquiatra en julio de 2019, en la que señala
que en esa fecha, la víctima permanecía en la unidad hospitalaria de
cuidados intensivos de psiquiatría infantoadolescente del Hospital
Clínico de Magallanes, y en la última evaluación que se le hizo la
paciente estableció la denuncia en contra de su padre.
“A mi papá lo odio, lo quiero matar”
La
–ahora- adolescente mantenía un diagnóstico por un trastorno depresivo.
“Ha presentado un deterioro en su estado mental que se ha agravado en
el mes de julio, presentando una mayor sintomatología ansiosa y
depresiva, con altos montos de angustia, que han determinado
autoagresiones reiteradas”, detalló.
“A
mi papá lo odio, lo quiero matar, ojalá se muera”, expresaba la menor
afectada en el informe que fue remitido a la Fiscalía. Además, se dio a
conocer el impactante testimonio que proporcionó por medio de la
entrevista videograbada judicial, declaración en que narraba todos los
hechos y actos impuros que perpetró en su contra el mismo hombre que le
dio la vida.
Se indicó además que la afectada ha intentado atentar contra su propia vida por medio de una sobredosis de medicamentos.
“Mi hija miente”
También
se dio a conocer la declaración del imputado, quien aseveró que todos
los hechos que denunciaba su hija eran falsos, que ella mentía porque
–según dijo- “yo dejaba de darle dinero de la pensión. Ella inventa
estas mentiras. Yo nunca me quedé solo con mi hija en la casa, eso es
mentira. Tampoco ella nunca se quedó a dormir”, desmintiendo que tuviera
problemas con el alcohol. Pese a aquello, la fiscal leyó múltiples
testimonios de distintas personas, entre ellas quien fue su conviviente,
quien ratificaba que la niña se iba a quedar a la casa y que el sujeto
se embriagaba llegando incluso a agredirla en una ocasión.
Se
mencionó además que el sujeto registra condenas por conducción en
estado de ebriedad en 2003 y de lesiones menos graves en contexto de
violencia intrafamiliar en 2008. A todo lo anterior se adhirió la
abogada querellante del Programa de Representación Jurídica “Defiende
tus Derechos“, Claudia Guerrero.
Defensor resta fiabilidad al testimonio
Por
otra parte, el defensor penal público Pablo Santander, solicitó que se
le imponga a su representado una medida cautelar de menor intensidad, al
considerar que la prisión preventiva era desproporcionada y que se
podía suplir con un arresto domiciliario nocturno y con la prohibición
de acercarse a la víctima, indicando que los “problemas psíquicos” que
presentaba la denunciante le restaban “cierta fiabilidad” a su
testimonio.
Considerando
todos los antecedentes expuestos, y ponderando el argumento del
Ministerio Público, el juez de Garantía ordenó el ingreso del individuo
al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, estableciendo un plazo de 90
días para sustentar la investigación.