En
la tarde de ayer, el sector del público del Tribunal Oral en lo Penal
de Punta Arenas se repletó de gendarmes. Esta vez no custodiaban a
imputados; esperaban ansiosos el veredicto en contra de tres colegas
acusados de amenazar, desnudar y golpear a un reo del complejo
penitenciario de la ciudad.
Tras
comunicarse la decisión de los magistrados, el público se fundó en
abrazos. Hasta aplausos se escucharon. Por unanimidad, el tribunal
absolvió a los funcionarios por el delito de apremios ilegítimos.
La acusación
Las
supuestas torturas ocurrieron el 17 de mayo. Según la acusación, el reo
–que cumplía condena por homicidio frustrado– se encontraba en su celda
junto a su compañero, pero fue sorprendido por un grupo de gendarmes
que ingresó para allanar el lugar.
Presuntamente
lo trasladaron al pasillo y lo desnudaron. Después lo llevaron al
comedor del módulo, donde un cabo lo golpeó en la espalda y brazos con
una luma. Tras arrojarle gas pimienta, lo obligaron a regresar a su
celda. En ese lugar, otro funcionario le exigió la entrega de un
cargador de celular mediante la torcedura de sus dedos de la mano y
golpes de costillas.
La
denuncia indicaba que las agresiones prosiguieron en la guardia
interna, donde supuestamente un teniente le pegó en la espalda con la
luma y lo amenazó con trasladarlo a un módulo donde tiene problemas con
la población penal.
La acusación también describe golpes en la celda de castigo donde habría sido dirigido el imputado.
Juicio
Los
acusados arriesgaban hasta tres años de cárcel por apremios ilegítimos.
El juicio en su contra se prolongó por casi dos semanas y contó con la
declaración de gendarmes y la víctima, además de fotografías donde se
veían lesiones.
“Hay una situación de inferioridad, una relación vertical entre los
funcionarios de Gendarmería y los internos. Se supone que los internos
están bajo el cuidado y el control de los funcionarios, no al revés”,
alegó la fiscal Wendoline Acuña.
En
la otra vereda, el defensor Jaime Ovando dijo que la acusación se
fundaba en una denuncia falsa. “(La víctima) logró salirse con la suya.
Con sus descargos tuvo a mis representados en el banquillo de los
acusados, con su imagen enlodada”, señaló.
Rendida
y analizada la evidencia, el tribunal resolvió que no se podía dar por
acreditado el delito imputado por el Ministerio Público.
“Para arribar a la decisión, el
tribunal ha tenido en consideración que la prueba de cargo resultó
insuficiente para establecer más allá de toda duda razonable la
existencia del ilícito y la participación culpable de los acusados”,
dice el veredicto.
El próximo 7 de noviembre, los jueces comunicarán el fallo donde deben justificar su decisión absolutoria.