El
excomandante en jefe de la IV Brigada Aérea de la FACh, general (r),
Eduardo Mosqueira Cruz y los oficiales, Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella
Bertetti y Allan Asenjo Contreras, ayer tuvieron que someterse al
proceso judicial y fueron formalizados por cuasidelito de homicidio, por
la muerte de 38 personas en lo que se conoce como el caso Hércules
C-130, avión que el 9 de diciembre de 2019 a las 18:13 horas local,
perdió contacto radial en el Mar de Drake mientras llevaba a cabo un
vuelo logístico entre la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas y la Base Presidente Frei en territorio antártico chileno.
La
audiencia se realizó de manera online en el Juzgado de Garantía de
Punta Arenas, los hechos fueron relatados por el fiscal regional Eugenio
Campos, quien indicó que para la fecha del siniestro, estando la
aeronave en Punta Arenas, los oficiales Ojeda Puig, Mella Bertetti y
Asenjo Contreras, no tomaron las medidas necesarias para corregir la
práctica irregular de concurrencia alternada a las misiones, ya que no
contaban con un especialista electro electrónico aéreo función
Electrónica y otro en función Instrumentos, incurriendo en infracciones
de los manuales y reglamentos.
Lo
anterior es importante porque cuando surge una falla de instrumentos de
la aeronave, se realiza una manipulación incorrecta de los indicadores
de combustible en los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto voltaje en los mismos.
“Un
colapso de energía eléctrica de alto voltaje en los estanques de
combustibles habría provocado la caída del avión C-130 el 9 de diciembre
de 2019”, dijo en la audiencia el persecutor.
IV Brigada Aérea
Cuando
ocurrió el siniestro el ahora general (r), Eduardo Mosqueira Cruz, se
desempeñaba como comandante en jefe de la IV Brigada Aérea de la FACh.
Por el cargo que ejercía, a él se le imputa el no haber implementado un
sistema de gestión de seguridad operacional que garantizara la ejecución
segura de los vuelos en su jurisdicción. Según se dijo, esto habría
propiciado el aumento del riesgo, indicando además que de lo contrario,
hubiese existido la supervisión correspondiente y como consecuencia la aeronave no habría despegado.
Investigación y cautelares
Con
el acuerdo de todas las partes se fijó un plazo inicial de ocho meses
para el cierre de la investigación. En este periodo los imputados tienen
prohibido salir del país y deberán firmar mensualmente un libro de
control en la Fiscalía más cercana a sus domicilios, ya que esta fue la
medida cautelar que dictaminó el magistrado.